El Gobierno ha aprobado dos nuevas líneas de ayudas por 225 millones de euros para ampliar la oferta de vivienda asequible y alojamiento universitario. Los fondos no se cobrarán de forma directa por inquilinos ni estudiantes: se transferirán a comunidades autónomas, universidades y entidades locales para financiar proyectos concretos.
Las medidas se articulan mediante dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros el 20 de octubre, fechados el 21 de octubre y publicados este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una norma destina 180 millones de euros a cinco comunidades autónomas con municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado. La otra concede 45 millones a siete actuaciones para crear unas 2.000 plazas de alojamiento universitario.
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180 millones para 317 municipios con zonas tensionadas
Las ayudas para vivienda asequible se concentran en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado conforme a la Ley por el Derecho a la Vivienda.
En conjunto, la medida alcanza a 317 municipios, donde viven más de nueve millones de personas. Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para 271 municipios. Le siguen País Vasco, con 31 millones para 18 localidades; Navarra, con 13,3 millones para 21; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.
El reparto se ha establecido según la población que reside en las zonas tensionadas y el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar el alquiler.
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El dinero no se entregará a los inquilinos
Las subvenciones no constituyen una ayuda individual para pagar una mensualidad de alquiler ni modifican de manera automática los contratos vigentes. El Estado transferirá los recursos a las comunidades autónomas, que deberán destinarlos a actuaciones para ampliar el parque de alquiler asequible o social.
Los fondos podrán emplearse en la promoción y rehabilitación de viviendas, la compra de inmuebles para incorporarlos al parque público, la adquisición y urbanización de suelo, así como en soluciones habitacionales alternativas. También podrán financiar avales, seguros para jóvenes y mecanismos de cobertura frente al impago de rentas.
El efecto para los inquilinos dependerá de los proyectos que impulse cada administración y de los plazos de ejecución. La medida busca aumentar la oferta disponible en los municipios afectados, pero no implica una reducción inmediata de las rentas que pagan los actuales arrendatarios.
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45 millones para crear alojamiento universitario
El segundo real decreto concede 45 millones de euros para construir, ampliar o rehabilitar alojamientos destinados a estudiantes, personal docente e investigador. El Gobierno calcula que los proyectos aportarán cerca de 2.000 plazas en una primera fase.
La Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,36 millones de euros, la mayor asignación. El Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha contará con 8,19 millones; la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con 6,5 millones; y la Universidad de Burgos, con 5,94 millones.
También figuran la Universitat Jaume I de Castelló, con 4,45 millones de euros; la Universidad de Jaén, con 3,56 millones; y el Ayuntamiento de Lleida, con 2,97 millones.
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Los proyectos se ubican en Madrid, Albacete, Sevilla, Burgos, Castelló, Jaén y Lleida. El destinatario de la ayuda en Lleida será el Ayuntamiento, mientras que en las otras seis ciudades los fondos se concederán a universidades públicas.
Las nuevas plazas deberán tener precios asequibles
El real decreto establece que los alojamientos financiados deberán mantener su finalidad pública y ofrecer precios asequibles. El precio máximo incluirá suministros y servicios como electricidad, agua y conexión wifi, según la regulación publicada en el BOE.
Las entidades beneficiarias tendrán un plazo de hasta seis años para ejecutar las actuaciones. Podrán pedir una prórroga de hasta tres años adicionales si resulta necesaria.
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La iniciativa no supone una beca ni una prestación económica directa para universitarios. Su impacto dependerá de que los proyectos se ejecuten y de las condiciones de acceso que establezcan las entidades responsables de cada residencia.
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