Cómo se destaparon las agresiones sexuales del profesor detenido en Madrid y por qué pudo trabajar en otro colegio tras ser arrestado en 2024 por otro caso

El caso de la agresión sexual a nueve estudiantes de entre 12 y 15 años del colegio concertado Mercedarias de Don Juan de Alarcón ha llenado de preguntas a muchos padres. ¿Cómo es posible que pudiera ejercer como profesor una persona que había sido detenida por una agresión sexual a un menor antes de ser detenido este mes de octubre? Estas y otras cuestiones han hecho que el caso de Mario F. G., el profesor de matemáticas de 37 años, haya aparecido en todos los medios de comunicación.

Entre ellas, algunos se preguntan: ¿cómo llegaron los casos a los oídos de los policías si el profesor llevaba dos años fuera del centro? El detonante, que desembocó en el segundo arresto de Mario el pasado 13 de octubre, fueron los propios alumnos, que decidieron romper su silencio frente a sus profesores. La dirección del colegio ha afirmado en un comunicado a los medios que “desde ese momento, el colegio ha mantenido una estrecha colaboración con la Policía para lograr el total esclarecimiento de los hechos, y seguirá aportando cuantos requerimientos e informaciones sean solicitados”.

Según han relatado los nueve alumnos identificados, algunos de los hechos denunciados ocurrieron durante una excursión por el Camino de Santiago. Además, las investigaciones policiales descubrieron que el detenido utilizaba los chats de videojuegos en la PlayStation para conseguir un acercamiento con los alumnos y tenía un cuaderno con anotaciones sobre la personalidad de los menores que usaba para influir en las víctimas. Tras conocer esto, la Policía Nacional y el centro educativo sospechan que puede haber al menos tres alumnos más que habrían sufrido estas agresiones que tuvieron lugar tanto dentro como fuera de las instalaciones del colegio.

Al conocer lo ocurrido, el centro habilitó espacios de escucha y asistencia con el fin de dar “todo el apoyo, atención psicopedagógica, orientación o acompañamiento” a los menores y sus familias y crear “entornos seguros para la infancia”, explica la dirección en un comunicado. Asimismo, han solicitado responsabilidad y “sensibilidad en el tratamiento” de la información para “salvaguardar la intimidad y el bienestar de los menores y de sus familias”.

¿Por qué pudo trabajar en otro colegio si le detuvieron en 2024 por una agresión a otro menor?

Mario fue profesor de matemáticas en el colegio concertado Mercedarias de Don Juan de Alarcón de 2019 a 2024. Según han podido saber en EFE, el profesor se dio de baja voluntaria en el centro y comenzó a trabajar en otro colegio concertado en el barrio de El Cañaveral en el mes de septiembre, además de dar clases particulares y entrenar a porteros en la cantera del Atlético de Madrid. ¿Pero cómo fue esto posible si le detuvieron en julio por la agresión sexual a otro menor?

A pesar de que Mario fue arrestado en su domicilio a finales del curso de 2024, el hombre fue puesto en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio y una orden de alejamiento con el menor. Fue en ese momento cuando decidió irse voluntariamente del colegio Mercedarias de Don Juan de Alarcón. Sin embargo, al no existir una condena firme, no figuraba en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, lo que le permitió ser recontratado en otro colegio madrileño hasta su segunda detención.

Según la Ley Orgánica 8/2021, es obligatorio pedir este certificado negativo a cualquiera que trabaje habitualmente con menores. No obstante, el sistema actual no incluye investigaciones judiciales en marcha ni medidas cautelares. De este modo, el certificado de delitos sexuales del profesor no contemplaba la detención; tan solo lo que figuraba en dicho registro público. Como Mario aún no tenía una condena firme en los tribunales, el certificado oficial le salió totalmente limpio.

Unos meses antes de la denuncia del primer estudiante, el Gobierno reformó el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Esta modificación aprobó una modificación legal que permitía a colegios, ONGs y empresas solicitar periódicamente el certificado de su plantilla, siempre que tengan el consentimiento del trabajador. Sin embargo, las acusaciones o los arrestos seguían sin contemplarse en la enmienda.