El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

La cuenta atrás para las elecciones generales ha comenzado. Con la cita con las urnas prevista para el 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez dispone de seis semanas -con seis reuniones ordinarias del Consejo de Ministros- para avanzar en las iniciativas que todavía quiere sacar adelante. La primera cita será este martes, 20 de octubre, día en el que se va a aprobar un paquete de mejoras de las prestaciones sociales, nuevas medidas para las familias y una inversión de 45 millones de euros para ampliar el alojamiento universitario asequible.

Así, el calendario deja otros cinco Consejos de Ministros antes de las elecciones (previstos para los días 27 de octubre y 3, 10, 17 y 24 de noviembre). Oficialmente, la campaña electoral comenzará el próximo 13 de noviembre, por lo que las últimas reuniones se celebrarán con la disputa electoral ya en marcha. La intención, según adelantó El País, es llevar a estas reuniones iniciativas con efectos concretos para distintos colectivos, aunque no todas las reformas pendientes podrán aprobarse dentro de este calendario.

Más protección social para mujeres, familias y menores

Este martes en concreto, el Consejo de Ministros tendrá como uno de los principales asuntos un real decreto-ley impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre las medidas previstas figura la ampliación de la protección para las mujeres que sufran patologías asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género. En ambos casos, la prestación por incapacidad temporal será del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja y del 75% a partir de entonces.

El paquete también modificará las condiciones de acceso a la pensión de viudedad para las parejas de hecho. El que haya hijos en común será suficiente para acreditar la relación a estos efectos, una cuestión que hasta ahora había puesto trabas a algunas personas solicitantes. Además, se abrirá un plazo de 12 meses para revisar las solicitudes que hubieran sido rechazadas por este motivo.

Otra de las novedades afectará a las familias que cuidan de menores con cáncer u otras enfermedades graves. Los dos progenitores podrán percibir la prestación correspondiente de manera simultánea o alterna. La protección también podrá prolongarse más allá de los 26 años cuando se cumplan los requisitos de dependencia de grado III o discapacidad severa.

Asimismo, el decreto incluirá mejoras para las víctimas del terrorismo y los huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género. Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas tendrán una cuantía mínima equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales, actualmente 2.442 euros mensuales, lo que supone un aumento del 36% respecto al mínimo anterior. Para los huérfanos de víctimas de violencia machista, se establecerá también ese umbral en las prestaciones contributivas, mientras que las no contributivas podrán alcanzar hasta esa misma cantidad.

A estas medidas se sumará la ampliación del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que triplicará el anticipo máximo por beneficiario, de 100 a 300 euros, y extenderá su duración. El objetivo es reforzar la protección de los menores cuando uno de sus progenitores incumple la obligación de pagar la pensión alimenticia.

Pero la aprobación del real decreto-ley no cerrará su recorrido jurídico. Al haberse disuelto las Cortes por la convocatoria electoral, el texto tendrá que someterse a convalidación de la Diputación Permanente del Congreso dentro del plazo legal, al igual que ocurrió con los decretos de vivienda rechazados en el Congreso el pasado 2 de octubre.

45 millones para alojamiento universitario y un nuevo estatuto estudiantil

La agenda del martes incluirá también una inversión de 45 millones de euros para impulsar cerca de 2.000 plazas de alojamiento asequible para universitarios mediante siete proyectos. Una medida que busca responder a las dificultades que afrontan los estudiantes que deben trasladarse a otra ciudad para continuar su formación, sobre todo por el encarecimiento de los alquileres y la limitada oferta residencial.

La iniciativa contempla alojamientos con habitaciones y espacios comunes, como bibliotecas y salas de estudio, con tarifas asequibles y servicios básicos incluidos. Entre los proyectos beneficiarios figuran los de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Burgos, la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Lleida.

Además, el Consejo de Ministros aprobará un nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que sustituirá al vigente desde 2010. La norma actualizará los derechos del alumnado e incorporará garantías relacionadas con la salud mental, la prevención del acoso y el ciberacoso, la conciliación entre estudios y trabajo y la adaptación de los exámenes para quienes tengan dificultades de aprendizaje, como dislexia, TDAH o discalculia.

El texto también reforzará el derecho a la desconexión digital, los sistemas de tutoría y la protección de las movilizaciones estudiantiles. Las universidades deberán desarrollar medidas para facilitar la conciliación, entre ellas opciones de matrícula a tiempo parcial o la suspensión temporal de los estudios.

La subida del SMI pendiente para noviembre, y las pensiones para diciembre

Más allá de los acuerdos anunciados para este martes, el Gobierno todavía tiene cosas en el tintero. Entre ellas, la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en marcha el procedimiento para determinar la subida y ha expresado su intención de que pueda aprobarse antes de las elecciones generales.

La cifra definitiva no está cerrada. Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado un incremento de al menos el 7%, que elevaría el salario mínimo hasta unos 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas -actualmente situado en 1.221 euros brutos anuales en 14 pagas, 17.094 euros anuales-. Otras estimaciones sitúan la posible subida en torno al 5%, aunque el porcentaje final dependerá de las recomendaciones de los expertos y de las decisiones que adopte el Gobierno.

Aunque el calendario es ajustado. Díaz ha pedido a la comisión de expertos que presente su propuesta de subida del SMI antes de que termine octubre o, como máximo, a principios de noviembre. A partir de ese informe, el Gobierno abrirá la negociación con sindicatos y patronal con el objetivo de aprobar el incremento antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Por otro lado, la revalorización de las pensiones también es uno de los temas pendientes, pero su aprobación no está prevista para los Consejos de Ministros que quedan antes de las elecciones. El Gobierno ha señalado que la actualización para 2027 se abordará en diciembre, una vez se conozca el dato de inflación necesario para calcular el incremento.

La legislación establece que las pensiones contributivas se revaloricen conforme al IPC medio del periodo de referencia, por lo que el porcentaje definitivo no puede darse por cerrado en octubre. El Ejecutivo podrá tramitar la medida después del 29 de noviembre, incluso con el Gobierno en funciones, aunque el real decreto-ley también deberá someterse a la convalidación de la Diputación Permanente.

Reforma del registro horario, medida que aún podría salir

En el terreno laboral, otra de las iniciativas pendientes es la reforma del registro horario. El Ministerio de Trabajo lleva meses preparando cambios para reforzar el control de la jornada y combatir las horas extraordinarias no remuneradas. La reforma todavía podría aprobarse antes de las elecciones, aunque no hay un acuerdo confirmado por el momento. Una de las vías que ha planteado el Gobierno es aprobar los cambios mediante real decreto, lo que permitiría evitar la convalidación parlamentaria que exige un real decreto-ley.

Otras reformas, como el Estatuto del Becario o los cambios en la legislación sobre prevención de riesgos laborales y despidos, tienen más dificultades por la disolución de las Cortes. La convocatoria electoral ha interrumpido el recorrido parlamentario ordinario de las iniciativas pendientes, aunque eso no significa que todas queden descartadas. Su futuro dependerá de la fase en que se encontraban y de las alternativas legales.