Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

El gasto en Defensa ha sido tema de debate esta legislatura. Donald Trump ha presionado a España todo lo que ha podido para que aumentara hasta alcanzar el 5% del PIB, pero España se quedó en el 2%, desatando toda una crisis diplomática. El presidente estadounidense llegó a cuestionar el liderazgo de Pedro Sánchez, le amenazó con represalias comerciales e incluso sugirió la expulsión de España de la OTAN. Pero todo esto, ¿cómo afecta a España y a su economía? Según el Banco de España, el gasto militar genera un impulso económico más breve y de menor magnitud que si el dinero se invierte en inversiones públicas tradicionales, como pueden ser las infraestructuras (construir carreteras, hospitales, escuelas, etc.).

Este hallazgo forma parte de un informe elaborado por los economistas Mario Alloza, Rubén Domínguez-Díaz, Pau Durá e Iacopo Varotto, publicado en octubre de 2026, que analiza por primera vez el universo completo de los contratos de adjudicación de defensa en España durante 30 años. Los autores construyeron una base de datos inédita con todos los contratos militares firmados en España entre 1991 y 2023, lo que les permitió seguir el rastro del dinero desde el momento exacto en que se firma un contrato, y no solo cuando el gasto aparece reflejado en las cuentas públicas, algo que ocurre años después.

Con esa información, los investigadores midieron cuánto producto adicional genera cada euro invertido en defensa a lo largo del tiempo. El resultado muestra que el efecto sobre la economía prácticamente no se nota durante los primeros dos años, se vuelve relevante a partir del tercer año y alcanza su punto más alto en el año cinco, cuando cada euro invertido llega a generar 1,31 euros adicionales de producto. A partir de ahí, el impulso se apaga: en el año siete, ya bajó a 0,86 euros. “Aunque la inversión en defensa genera efectos macroeconómicos relevantes, estos se concentran a medio plazo en la medida en que el proceso de gasto está sujeto a desfases de ejecución”, señalan los autores en el documento.

El proceso de compra militar es lento

Cuando el Gobierno firma hoy un contrato para comprar, por ejemplo, un submarino o un avión militar, ese dinero no se gasta de inmediato. Según el estudio, un contrato de este tipo tarda en promedio cuatro años en completarse por entero en España, desde la firma hasta la entrega del producto terminado. En Estados Unidos, ese mismo proceso tarda solo dos años y medio, porque el país cuenta con una industria militar más grande y desarrollada.

Si además se suma el tiempo que tarda el Estado en anotar esa compra en sus cuentas oficiales una vez entregado el producto, la demora total en España se extiende a cuatro años y medio. Es decir, lo que hoy aparece registrado como “gasto en defensa” en las cuentas públicas corresponde, en promedio, a una decisión tomada cuatro años y medio atrás.

Para entender qué pasaría si ese proceso fuera más rápido, los investigadores hicieron una simulación: imaginaron que España pudiera fabricar y entregar el armamento con la misma velocidad que Estados Unidos. El resultado fue que el beneficio económico se habría sentido antes y con más fuerza: el momento de mayor impacto en el crecimiento habría llegado un año y medio antes de lo que ocurre en la realidad actual de España.

La inversión militar rinde menos que la obra pública tradicional

Más allá de la demora, el estudio también comparó el gasto en defensa con otro tipo de inversión pública, como la construcción de carreteras o infraestructura energética. Para eso, los economistas diseñaron una simulación económica que permite comparar ambos tipos de gasto bajo las mismas condiciones.

El resultado mostró una diferencia clara: mientras el impulso económico de la obra pública tradicional tiende a mantenerse en el tiempo, porque ese tipo de infraestructura queda instalada y sigue generando beneficios durante muchos años, el impulso que genera el gasto militar se agota rápido. Según el documento, esto ocurre porque el beneficio económico de la defensa proviene sobre todo del proceso mismo de fabricación, es decir, de la actividad que se genera mientras se produce el armamento, y no tanto del uso posterior de ese equipamiento una vez entregado.

Cuando los investigadores probaron tratar la inversión militar como si fuera obra pública convencional, el modelo no logró reproducir lo observado en la realidad: el impulso resultaba demasiado débil en los primeros años y, al mismo tiempo, demasiado duradero en el largo plazo, algo que no coincide con los datos reales de la economía española.

El documento aclara que sus conclusiones solo miden los efectos económicos directos del gasto militar. Los investigadores señalan que los responsables de política económica también deberían considerar los costes derivados de los conflictos armados y los posibles beneficios de disuasión que ofrece contar con mayor capacidad de defensa, aspectos que, aclaran, quedan fuera del alcance de este trabajo. Como extensión futura, el equipo plantea la posibilidad de ampliar la base de datos de contratos a otros países europeos, lo que permitiría comparar cómo varían estos efectos según el tamaño del sector militar e industrial de cada nación.