La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha dado un nuevo paso. La jueza María Tardón asegura que las diligencias practicadas hasta ahora han dejado “algunos indicios” sobre la posible implicación de personas que podrían ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas y sobre la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros. Ante el riesgo de que esas conexiones puedan interferir en las pesquisas, la magistrada ha decidido reforzar el secreto de la causa y aislar funcionalmente a los agentes que participan en ella: a partir de ahora, deberán trasladar la información directamente al juzgado y a la Fiscalía, sin comunicarla a sus propios mandos orgánicos.
Así consta en un auto fechado el 29 de septiembre al que ha tenido acceso Infobae, en el que la jueza Tardón justifica la adopción de estas medidas por la especial sensibilidad de una investigación que, según señala, presenta posibles ramificaciones internacionales y en la que participan personas todavía no identificadas. La magistrada subraya que no se trata de un fenómeno migratorio espontáneo o meramente coyuntural, sino de unos hechos sobre los que existen indicios de “planificación, organización y coordinación”, con distintos niveles de actuación y una posible estructura de dirección cuya ubicación y composición siguen sin determinarse.
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Las actuaciones relacionadas con varias de las diligencias que ya había ordenado pasan a tramitarse dentro de una pieza separada secreta de investigación reservada. La magistrada argumenta que la publicidad de esas pesquisas podría facilitar la destrucción u ocultación de pruebas, la alteración de evidencias digitales, la coordinación de versiones entre quienes eventualmente pudieran ser investigados o incluso la evasión de posibles responsables.
Los policías tendrán que informar directamente a la jueza
La medida más llamativa afecta a la propia cadena de mando de los investigadores. La jueza Tardón recuerda en su resolución que, aunque los agentes mantienen su dependencia orgánica habitual, cuando actúan como Policía Judicial en una investigación concreta están sometidos funcionalmente a las instrucciones del juez o de la Fiscalía.
En este caso, la magistrada lleva esa separación un paso más allá. Ordena que cualquier información obtenida durante las diligencias sea comunicada exclusivamente al órgano judicial y al Ministerio Fiscal y que los agentes se abstengan de trasladar el contenido, desarrollo o resultado de sus investigaciones a otras unidades, órganos o autoridades ajenos a la causa, incluidos sus propios superiores orgánicos.
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La decisión está directamente relacionada con el temor expresado por Tardón a que existan interferencias externas. En el auto, la jueza explica que las diligencias realizadas hasta el momento apuntan a la posible implicación de personas con altas responsabilidades públicas y a relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros. “Lo que incrementa el riesgo de interferencias externas”, concluye la magistrada.
La resolución llega después de que Tardón ordenara en septiembre una batería de diligencias destinadas a reconstruir cómo se organizó la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Desde entonces, la investigación ha puesto el foco en los dinamizadores que actuaron a través de redes sociales, en quienes estuvieron sobre el terreno y en la posible existencia de una estructura superior capaz de coordinar la movilización.
La jueza busca quién está detrás de la movilización
La investigación no se limita a identificar a quienes participaron en la movilización o difundieron los mensajes que la alentaron. Tardón quiere reconstruir quién pudo estar detrás de su planificación y coordinación. Para ello, ha pedido a Policía, Guardia Civil, CNI y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que determinen qué personas, grupos u organizaciones tenían capacidad para organizar una movilización de esas dimensiones y quién pudo diseñarla.
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La magistrada quiere además reconstruir la conexión entre los distintos niveles que aparecen en la investigación: los dinamizadores digitales, los organizadores que actuaron sobre el terreno y las posibles estructuras superiores. Es decir, trata de averiguar si detrás de quienes movilizaron a los participantes existía una estructura de dirección y quién podía encontrarse por encima de ellos.
En esa misma línea, la jueza ha ordenado analizar las similitudes entre las entradas masivas, saltos o avalanchas registrados en Ceuta en 2021, 2024 y 2026, así como los posibles vínculos entre esos episodios.
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