Tras un verano de incertidumbre y angustia, Zaira, su marido y sus cuatro hijos —tres de ellos menores de edad— se enfrentan este lunes 28 al quinto intento de desahucio en el distrito madrileño de Vicálvaro. El pasado mes de junio, un tribunal aplazó el cuarto intento de desalojo hasta septiembre, tras una petición de prórroga presentada a instancias del Ministerio Fiscal para dar tiempo a que los Servicios Sociales del Ayuntamiento tuvieran un plazo adicional para buscar una alternativa habitacional. Sin embargo, esa solución no ha llegado, según denuncia la Plataforma Stop Desahucios de Vicálvaro.
“Tanto Zaira como su marido están fatal. Se quedan en la calle con tres menores de edad porque no tienen alternativa habitacional”, señala el colectivo a Infobae, que recuerda que el piso donde residen pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid y llevan viviendo en él más de 10 años. Su desahucio se llevará a cabo apenas unos días después del de Maricarmen, la vecina de 87 años que vivió durante siete décadas en la misma casa y que ha desatado una oleada de indignación, después de que la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión se negara a negociar una solución.
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El caso de esta familia llegó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió a España adoptar medidas para evitar el desahucio. Tras el primer intento de desalojo, el organismo consideró que no se había evaluado el impacto sobre los menores ni se había ofrecido una alternativa habitacional adecuada. Pero, pese a esas recomendaciones, lamenta la plataforma, la Comunidad de Madrid retomó el proceso por la vía penal y se programó un cuarto intento de desahucio a finales del pasado mes de junio, aunque finalmente quedó pospuesto hasta este 28 de septiembre.
“Pedimos que se cumpla lo que Naciones Unidas ya ha dictaminado: que se reevalúe la situación de esta familia con criterios de proporcionalidad, dignidad e interés superior de los menores habitantes de la vivienda. Antes de lanzar a tres menores y a un hombre dependiente a la calle, exigimos que la palabra de un organismo internacional de derechos humanos no sea papel mojado frente a un auto judicial de desahucio”, sostiene la plataforma.
Convocatoria a las 9:00 en Arroyo del Juncal
Por ello han convocado a las 9:00 horas de este lunes a vecinos, sindicatos y colectivos por el derecho a la vivienda a una concentración frente a la vivienda de Zaira y su familia, en la calle Arroyo del Juncal número 20 (metro Vicálvaro o San Cipriano, línea 9), para tratar de frenar el desalojo.
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Esta familia alquilaba previamente una vivienda particular, pero la enfermedad del padre —tiene un 65% de discapacidad— y la falta de ingresos les llevaron a ocupar un piso vacío de la AVS que se encontraba “en un estado deplorable”, según explicaron. En 2015, el matrimonio trató de regularizar su situación a través de un alquiler social, pero el organismo público “se ha negado a llegar a un acuerdo”, indica Stop Desahucios, que asegura que la familia “solo quiere pagar un alquiler adecuado a sus ingresos“.
La AVS, por su parte, reclama el inmueble por tratarse de una ocupación irregular y defiende que debe gestionar el parque público de vivienda. Subraya, además, que los dictámenes internacionales no tienen carácter obligatorio para la jurisdicción española.
Desde la plataforma explican que durante años, el artículo 14 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, permitió regularizar mediante alquiler social las situaciones de ocupación de viviendas públicas del IVIMA, hoy Agencia de Vivienda Social, “y esa era precisamente la vía por la que Zaira intentó normalizar su situación″. Sin embargo, la Ley 11/2022 eliminó esa posibilidad.
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Con la actual situación del mercado inmobiliario, con unos precios que no han dejado de aumentar en los últimos doce años y que son especialmente elevados en Madrid, la plataforma asegura que Zaira no puede optar a un alquiler.
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