Recoge a un gato callejero y dos años después es acusada de robo y recibe una citación judicial

La adopción de un gato sin identificar en Augicourt, Haute-Saône, ha terminado por llevar a una familia al centro de un proceso judicial en Francia. Aimée Raclot y su familia, quienes recogieron y cuidaron a un animal callejero que apareció en su granero en estado de abandono, se han visto acusados de robo tras una denuncia presentada meses después por otra familia que afirma ser la propietaria legítima del felino.

El caso comenzó hace poco más de dos años y medio, cuando Aimée Raclot, residente de Augicourt, halló un gato joven y enfermo en su propiedad. Durante este periodo, nadie reclamó al animal ni se identificó un microchip que probara su origen.

Según los testimonios recogidos por L’Est Républicain y La Presse de Vesoul, la familia invirtió alrededor de 500 euros en cuidados veterinarios, con facturas que documentan las operaciones para extraerle piezas dentales debido a una gingivitis y su posterior desparasitación. El animal, al que dieron el nombre de Pompom (conocido también como Flocon), vivió dieciocho meses con libertad de entrada y salida, hasta que fue adoptado de manera formal por la familia Raclot.

Acusaciones cruzadas y disputa por la custodia

El proceso de acogida, que a ojos de Aimée Raclot parecía ser un simple acto de compasión animal, desembocó tiempo después en un inesperado enfrentamiento legal. Poco después de la adopción oficial, la policía acudió a su domicilio y le comunicó la existencia de una denuncia contra ella por el supuesto robo del gato. En esa secuencia, Aimée Raclot tuvo que someterse a una citación judicial, una prueba de ADN y una foto de identificación, procedimientos que consideró “peor que a un criminal empedernido”.

El abogado de la familia denunciante, Samy Ihadadene, ha asegurado a L’Est Républicain que han podido presentar conversaciones telefónicas como prueba de la supuesta propiedad previa, lo que permitió que la Fiscalía diera curso a las investigaciones. Según sus declaraciones, solicitaron que se recurriese a la mediación penal para establecer las condiciones en las que el gato podría ser devuelto a los supuestos titulares, exponiendo que “el único deseo de mi clienta es recuperar a su gato”.

Por su parte, la otra parte implicada se ha limitado a referirse a la espera de la resolución judicial. Han manifestado que “todo lo que dice esta mujer es mentira” y han preguntado por qué lucharían por el animal en los tribunales si realmente hubiese sido abandonado, insistiendo en llamar al gato por el nombre de Flocon.

El conflicto se ha visto agravado por la versión de Aimée Raclot, quien asegura que los denunciantes solo han mostrado interés en el animal de forma puntual, llegando a pedirle que se lo llevasen de vacaciones a España para posteriormente devolvérselo. Según sus propias palabras, se negó enérgicamente a esta petición argumentando que “no es un juguete que se coge cuando se necesita, y segundo, porque ahora nos pertenece”.

Respaldo municipal y debate legal

La familia Raclot ha encontrado respaldo en el alcalde de Augicourt, Alain Jutzi, quien ha confirmado a La Presse de Vesoul que, según la ley, “cualquier gato callejero no identificado se considera abandonado, sobre todo porque nadie se ha presentado en todo este tiempo”. El alcalde ha añadido que los denunciantes cuentan con antecedentes en materia de protección animal, haciendo referencia a un caso en el que sus perros atacaron a peatones, hecho que se encuentra bajo investigación.

El caso ha puesto nuevamente de relieve la normativa francesa sobre posesión y abandono animal. Según la información recogida por L’Est Républicain, “un gato debe ser microchipado antes de cumplir los siete meses. Tenerlo en casa no implica ser su dueño.” Esa indefinición ha permitido que el caso de Pompom-Flocon llegue a los tribunales a la espera del resultado de la mediación penal entre las partes.

La indignación de Aimée Raclot ante el proceso judicial se refleja en varias declaraciones: “Me dijeron abiertamente que sería mejor que les entregara el gato, porque de lo contrario me arriesgaba a enfrentar cargos penales”, y ha denunciado que “los tribunales se ocupan de casos mucho más serios e importantes, y a mí me amenazan por esto”. Para la familia Raclot, el procedimiento supone un sinsentido legal y personal, mientras que los demandantes insisten en su derecho a recuperar al animal.

Mientras tanto, el gato Pompom, objeto de la disputa, continúa en el domicilio de los Raclot, llevando una vida apacible según relata La Presse de Vesoul: “Come, duerme y recibe mimos con regularidad. Una vida de gato, en cierto modo.” El desenlace del caso queda pendiente de la mediación penal, prevista en las próximas semanas.