El Ministerio de Juventud e Infancia ha impulsado el lanzamiento del ‘Buzón de las personas becarias’, una nueva herramienta que busca ofrecer mayores garantías a los jóvenes que realizan prácticas en España. Según han adelantado fuentes del Ministerio a la agencia EFE, la iniciativa está dirigida tanto a personas becarias como a exbecarias y permite realizar denuncias anónimas, canalizando posibles casos de abuso o irregularidades durante el periodo de prácticas. El Estatuto del Becario sigue a la espera.
El objetivo de esta nueva herramienta es dotar a los jóvenes de mecanismos reales para identificar situaciones como la realización de trabajos idénticos a los de los empleados de plantilla, la falta de tutorización, la asignación de funciones ajenas al ámbito formativo de la práctica o la existencia de tareas que no se corresponden con los estudios cursados. Las mismas fuentes han subrayado también que el buzón ha sido resultado de una colaboración con el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de propiciar actuaciones de investigación más ágiles y específicas ante cualquier denuncia recibida.
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El Injuve gestionará la recogida de estas denuncias y las trasladará a la Inspección de Trabajo. Será este organismo quien lleve a cabo las investigaciones pertinentes y adopte las medidas oportunas, han precisado las fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE.
Refuerzo de los derechos laborales de los becarios
Dentro del paquete de medidas para garantizar los derechos de los estudiantes en prácticas, se inscribe también el Estatuto del Becario, aprobado por el Gobierno a finales del año pasado. Aunque aún deberá superar un recorrido parlamentario complejo, la iniciativa reactivará un debate abierto desde 2023 marcado por las tensiones dentro del propio Gobierno y el rechazo empresarial.
Dicho texto contempla sanciones de hasta 225.000 euros para las empresas que vulneren los derechos de las personas becarias. La puesta en marcha del buzón tiene así un carácter complementario y se integra en el marco de un convenio más amplio firmado por el Injuve y la Inspección de Trabajo, que prevé actuaciones de verificación sobre las condiciones laborales de la juventud trabajadora, así como campañas formativas y acciones de sensibilización.
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4 de cada 10 jóvenes han sido explotados en el trabajo
El diagnóstico sobre la realidad que afronta la juventud en materia laboral ha sido actualizado por la Encuesta de Juventud 2023, que ha revelado que el 42 % de los jóvenes afirman haber enfrentado, en algún momento de su trayectoria laboral, alguna situación de explotación. Entre las formas más frecuentes figuran el desempeño de tareas sin contrato, la firma de contratos a través de empresas de trabajo temporal, la condición de becario no remunerado, el falso autónomo o el empleo como repartidor con contratos inestables.
Según las fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia citadas por EFE, cifras como estas, junto a las contribuciones recogidas en el proceso de elaboración de la ley de juventud, apuntan a la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para este colectivo ante “formas de precarización laboral” de muy diversa índole.
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