La jueza que investiga la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la exposición de motivos en la que solicita la imputación de Carlos Mazón, expresident de la Generalitat aforado por su condición de diputado autonómico, según confirma esta institución en redes. La magistrada ha remitido una exposición razonada de 109 páginas, a la que ha tenido acceso Infobae, en la que aprecia indicios para extender la investigación al exdirigente por su posible responsabilidad penal en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas.
Este se convierte en el primer paso que la instructora da para que se llegue a la imputación del expresident, tras más de un año de investigación. Hasta este momento solo se encontraban en esta situación la exconsellera de Justicia y Seguridad, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso. La decisión llega tras más de quince meses de diligencias en las que han declarado más de 500 testigos y peritos dentro de un procedimiento que investiga 230 homicidios imprudentes y múltiples lesiones imprudentes.
Esto no quita que el nombre de Mazón ha estado casi desde el principio rondando por la instrucción, en el que la jueza ha querido saber el papel que tuvo el 29 de octubre de 2024. En este tiempo, al expresident se le ha ofrecido declarar de forma voluntaria en dos ocasiones —la primera en marzo de 2025 y la última en septiembre de ese mismo año—, las dos rechazadas.
En el documento remitido al TSJCV, la magistrada sostiene que la investigación no puede limitarse a los dos altos cargos ya investigados y que debe extenderse al entonces presidente de la Generalitat por su posición dentro de la estructura jerárquica de la Administración autonómica y por las funciones que tenía atribuidas en materia de protección civil. La jueza subraya que la DANA no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, ya que había sido anunciado con días de antelación y también se había previsto la jornada de mayor intensidad en la que se produjeron la práctica totalidad de las víctimas mortales.
Las versiones de Carlos Mazón
Los testimonios recabados hasta ahora han ido cuestionando la versión ofrecida por Carlos Mazón sobre su actuación el día de la DANA. Las últimas declaraciones corresponden a los tres escoltas y al chófer que le acompañaron aquella jornada, cuyos relatos difieren del aportado por el asesor que estuvo con él en el Cecopi esa noche.
Según este asesor, Mazón llegó al Palau de la Generalitat a las 19:30 y permaneció allí durante 25 minutos. Sin embargo, los escoltas sitúan su llegada en torno a las 19:50, señalando que abandonó el edificio hacia las 20:00 con destino al Cecopi.
Estas comparecencias buscan aclarar qué hizo el presidente en una jornada de la riada en la Comunitat Valenciana. La cronología de los hechos ha sido objeto de especial atención en los últimos meses, en los que han trascendido mensajes enviados —y no enviados— por Mazón durante su comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. En uno de ellos apuntaba que “igual” se dirigiría al Cecopi hacia las 19:00 del 29 de octubre, aunque finalmente llegó a las 20:28.
La instructora considera especialmente relevante la ausencia del entonces presidente en los momentos decisivos de la emergencia y sitúa en esa falta de actuación uno de los elementos que sustentan los indicios de negligencia. En el auto sostiene que la gravedad de la situación iba en aumento en gran parte de la provincia mientras Mazón permanecía al margen del centro de decisión pese a que podía intervenir normativamente.
En este sentido, la jueza rechaza que el expresident pueda ampararse en la actuación de cargos inferiores o en el criterio de los técnicos. Según recoge el auto, al que ha tenido acceso este periódico, quien dirige una organización jerarquizada que afronta una emergencia no puede adoptar una posición subordinada respecto a un miembro de su propio gobierno, en referencia a la consellera responsable de Emergencias. La magistrada sostiene que Mazón asumía de facto la dirección de la crisis y tenía capacidad para impartir instrucciones a los miembros del Consell, por lo que no puede situar la responsabilidad exclusivamente en los escalones inferiores de la Administración.
El documento remitido al Tribunal Superior incorpora además el análisis individualizado de las 230 víctimas mortales investigadas en el procedimiento, con la descripción de las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos a efectos de determinar su posible relación con la gestión de la emergencia.