La ministra de Vivienda y agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha detallado que pedirá a las administraciones públicas datos públicos sobre la vivienda, como los de registros de fianzas, de demandantes y de la situación del parque público, con el objetivo de que no ocurra de nuevo lo vivido en Alicante, donde se detectaron irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública a cargos públicos y personas del entorno del consistorio, a cargo del Partido Popular.
“Ante el mayor problema que tiene la ciudadanía, ustedes construyen para repartirse sus casas”, ha reprochado la ministra al diputado popular Sergio Sayas durante su participación este martes en el Congreso de los Diputados. La titular de Vivienda ha adelantado que constituirá “de manera inminente” una comisión técnica, solicitada por el Consejo Asesor de Vivienda y por el Plan Europeo de Vivienda Asequible.
“Pediré a las administraciones públicas donde ustedes gobiernan, y a tenor de su preocupación espero contar con ellos, la implicación para contar con esos datos”, ha señalado, y ha afirmado que ya se ha puesto en contacto con la Generalitat Valenciana para trasladar su “absoluto” rechazo de esta forma de proceder en la adjudicación de vivienda pública en Alicante y para exigirle “absoluta transparencia” en los procedimientos adjudicatorios.
“Se preguntarán ustedes cómo ha podido ser esto. Pues tampoco es casualidad. Aquí no hay casualidades. Esto es que el señor Mazón derogó una normativa que estaba para prevenir el fraude, la derogó precisamente para que estos chanchullos fueran posibles en la Comunidad Valenciana”, explicó la ministra.
En la misma línea detalló que “en estas promociones se derogó la obligatoriedad de constar como demandantes en el registro de la Generalitat, es decir, no era necesario constar como demandante y bastaba con presentar una declaración responsable”.
Viviendas “para el PP y sus familias”
Así, Rodríguez ha señalado directamente al Partido Popular por “repartirse” las 76.000 viviendas de protección pública que los valencianos estaban esperando y ha recalcado que la vivienda que se construye con fondos públicos debe ser “permanente” y no “para el PP y sus familias”.
Por su parte, el popular Sergio Sayas denunció que el Gobierno no ha construido “ni una sola vivienda” y ha señalado que los precios de compraventa y alquiler han aumentado más del 60% debido a la gestión gubernamental, y existen 79.000 viviendas okupadas, 21.000 inquiokupadas y 24.000 propiedades que se venden con un okupa en su interior.
Durante su intervención, Sayas acusó a la ministra Isabel Rodríguez de lanzar “anuncios vacíos”, proporcionar datos “falsos” y aplicar políticas de vivienda de “postureo”, mientras ataca a comunidades autónomas gobernadas por partidos distintos al PSOE.
Además, recordó que la ministra expresó su disposición a intervenir la Comunidad de Madrid y que no era la primera ocasión, ya que hizo declaraciones similares en varios medios de comunicación. Según el parlamentario, estas palabras evidencian que Rodríguez desconoce lo que implica ser ministra de todos los españoles y actúa bajo un “sectarismo socialista” impuesto por Pedro Sánchez.
Por otro lado, Sayas anunció que el PP ha vuelto a registrar la propuesta de Ley del Suelo y la Ley Antiokupación debido al “boicoteo” del Gobierno a las iniciativas de otros grupos parlamentarios. En palabras del diputado popular: “En el PP somos persistentes. Les guste o no les guste, este Parlamento va a debatir y se va a poner de manifiesto que hay una mayoría dispuesta a ofrecer soluciones en materia de vivienda”.