El Govern de la Generalitat y los Comuns han dado este martes el pistoletazo de salida a la aplicación efectiva del régimen sancionador de la ley de vivienda catalana con la imposición de las primeras 13 multas a propietarios por incumplimientos de la normativa. Según fuentes del Ejecutivo, podría traducirse en sanciones por valor de hasta 120.000 euros en este primer paquete.
El anuncio se ha producido tras una reunión en el Palau de la Generalitat entre la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, y el presidente del grupo PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret. El encuentro ha servido para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con motivo de los suplementos de crédito de 2025, condición que los Comuns habían fijado como imprescindible antes de iniciar cualquier negociación sobre los Presupuestos de 2026.
Según han detallado, siete de las sanciones han sido tramitadas por la Agència Catalana de Consum y las seis restantes por la Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC). Algunas de estas multas ya han sido cobradas, mientras que otras se encuentran todavía en fase de expediente abierto, a la espera de concretar su cuantía final.
Las sanciones afectan hasta ahora a personas jurídicas
En una rueda de prensa posterior, Albiach ha subrayado que todas las sanciones impuestas hasta ahora afectan exclusivamente a personas jurídicas. “No estamos hablando de ninguna persona particular ni de ninguna persona física”, ha recalcado, en un mensaje dirigido a desactivar las críticas sobre un posible impacto en pequeños propietarios.
Entre las multas ya efectivas destacan dos sanciones graves de 27.000 euros cada una. La primera corresponde a un incremento del alquiler sin justificar adecuadamente los conceptos aplicados, mientras que la segunda sanciona a una persona jurídica por firmar como administrador de fincas colegiado sin estarlo. A estas se suma una sanción leve de 1.750 euros por no informar del índice de precios del alquiler en una zona declarada tensionada.
Además, existen otros diez expedientes abiertos que todavía no han culminado en sanción firme. Entre ellos figura un caso grave por no incluir ni el índice de precios ni la etiqueta de eficiencia energética en el anuncio del inmueble, que podría conllevar una multa de hasta 25.000 euros, así como otros tres expedientes por no informar del índice de referencia. En el ámbito de la AHC, dos expedientes podrían alcanzar los 30.000 euros, otros dos los 3.000, y dos más están pendientes de determinar.
El régimen sancionador de la ley de vivienda contempla multas de hasta 9.000 euros para infracciones leves, de entre 9.001 y 90.000 euros para las graves, y de entre 90.001 y 900.000 euros para las muy graves. En paralelo, el Govern ha archivado 26 expedientes al concluir que no encajaban en los supuestos previstos por la ley.
Futuras sanciones “más contundentes”
Pero este primer paquete es solo el comienzo. Albiach ha avanzado que hay un segundo bloque de sanciones en marcha: 55 expedientes en tramitación desde la Agència Catalana de Consum, que podrían sumar cerca de medio millón de euros, y otros 77 desde la Agència d’Habitatge de Catalunya. “Caerán en cascada en las próximas semanas”, ha advertido la líder de los Comuns, quien ha reconocido que en esta primera fase el Govern ha sido “un poco más conservador”, aunque las próximas sanciones serán “mucho más contundentes”.
Para Albiach, estas multas representan “un punto de partida”, pero no el final del camino. Ha criticado la lentitud del Ejecutivo a la hora de aplicar el régimen sancionador y ha asegurado que sin la presión de los Comuns no se habría producido este movimiento. “Si no lo hubiéramos puesto como condición imprescindible para negociar los Presupuestos, hoy el Govern no habría impuesto todavía ninguna sanción”, ha afirmado.
De cara a las próximas semanas, Albiach también ha anunciado que en febrero debería entrar en funcionamiento el registro de grandes tenedores de vivienda y la unidad antidesahucios, dos herramientas clave pactadas con el Govern para reforzar el control del mercado y garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.