España está a punto de perder 1.100 millones de euros de los fondos europeos en este primer trimestre de 2026 si no se pone las pilas. Pongamos contexto: en julio de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez recibió el quinto pago de los fondos europeos Next Generation. La suma total debía ser unos 25.000 millones, pero hubo un descuento -la cantidad mencionada- que quedó congelada porque España no había hecho todos los deberes que le había mandado Bruselas. Son: la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública.
Si estas dos medidas no han salido adelante es por la debilidad parlamentaria. Veamos qué ocurre con cada una de ellas. El impuesto al diésel es un tema que se arrastra desde antes de 2020. La UE pide que se modifique la fiscalidad para elevar el impuesto aplicado al combustible diésel hasta equipararlo al de la gasolina, y cumplir así compromisos pactados dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia.
El Ministerio de Hacienda había prometido a Bruselas, en la adenda enviada a finales de 2025, un incremento de recaudación de unos 1.600 millones de euros en el primer semestre del año como resultado de este ajuste tributario. Sin embargo, solo se logró una aprobación parcial de la reforma fiscal en noviembre de 2024, al validarse el impuesto a la banca pero quedar excluido el diésel por el veto de Podemos en el Congreso. ¿El motivo? Lo morados lo rechazaban si no se aprobaba el impuesto a las energéticas, una medida a la que se opusieron Junts y el PNV.
El Gobierno confía en aprobar el impuesto al diésel
Ahora el Gobierno tiene hasta el próximo 21 de marzo para aprobar esta medida si quiere acceder de manera íntegra al quinto pago del Plan de Recuperación. Desde el Ejecutivo han reiterado en numerosas ocasiones que confían en cumplir los plazos, pero hoy en día carece de los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante el incremento sobre el diésel y la debilidad parlamentaria se hace latente. Aun así, mantiene la intención de aprobar la medida, ya sea antes o después de la fecha límite.
Carlos Cuerpo, titular de Economía, ha apuntado recientemente que el Gobierno avanza “para tenerlo aprobado lo antes posible”. “Seguimos trabajando con un horizonte asociado precisamente a la aprobación del quinto desembolso para, como hemos hecho en otras ocasiones, sacar ambos elementos adelante: tanto el elemento de política doméstica como también la valoración sobre el quinto desembolso”, apuntó el ministro en una comparecencia en Bruselas posterior al Ecofin, el encuentro de ministros de Economía de la UE, donde se han ratificado los cambios en el Plan de Recuperación español, incluido el citado aumento del gravamen sobre el diésel.
Si el Gobierno no logra la aprobación previa al 21 de marzo, la UE permite solicitar prórrogas mensuales hasta que la normativa salga adelante. Europa, en ese caso, desbloquearía progresivamente los fondos retrasados en función de los avances registrados.
Los funcionarios interinos y la temporalidad
Por otro lado, la segunda reforma afecta a la compensación adecuada de los funcionarios interinos. La UE quiere que España actualice su modelo de Función Pública, con normas claras para la gestión del personal público que respondan a desafíos actuales como la digitalización y la eficiencia. Pero sobre todo, el punto más importante es reducir la temporalidad, que es la más alta de Europa. Bruselas señaló que España no ha resuelto satisfactoriamente este problema, especialmente el abuso en contratos interinos de larga duración. Y esto fue lo que motivó la congelación de parte de los fondos hasta que se garantice una solución eficaz.
Lo que pide la UE es que no solo reduzca la temporalidad, sino que incluya medidas efectivas y disuasorias contra el abuso de contratos temporales en la administración pública. La Comisión consideró que la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad (Ley 20/2021) no cumple ese objetivo, en particular por no contemplar sanciones claras para evitar el abuso de interinidad prolongada.
Tras la decisión de Bruselas, el Ministerio de Función Pública planteó modificaciones a la legislación con dos grandes objetivos. El primero, restringir más los motivos legales para contratar temporalmente, para que sean menos casos posibles. Y el segundo, introducir sanciones administrativas dirigidas a las administraciones que no cumplan con la reducción de temporalidad.
Sin embargo, el mismo planteamiento descartó ampliar las indemnizaciones al personal temporal, que es uno de los elementos que Bruselas y el Tribunal de Justicia de la UE habían puesto en cuestión, según informó El Confidencial. Estas propuestas estaban siendo incluidas como parte de una reforma más amplia (por ejemplo, en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal y a través de enmiendas a la Ley de Función Pública) tras el ajuste de fondos de julio de 2025.
Es decir, no había un proyecto de ley exclusivo sobre temporalidad o interinos. La idea era insertar cambios parciales dentro de otras leyes, no aprobar una gran reforma monográfica exigida por la UE. Ese proyecto de ley no iba principalmente de interinos, sino de organización de carreras judicial y fiscal. Lo que se planteó fue meter alguna disposición adicional o retoque que afectara indirectamente a empleo público o sanciones a las administraciones.
Este proyecto de ley tiene enmiendas presentadas por Junts , Podemos y Sumar para que se haga “fijos a extinguir” a los empleados públicos en abuso de temporalidad de cualquier Administración, bien sea local, autonómica o nacional, por llevar más de tres años para cumplir con las sentencias europeas. Las propuestas de enmiendas se publicaron en el Boletín del Congreso en marzo de 2025, hace ya casi un año.
Plazos y margen de recuperación de fondos
El reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia prevé que la retención operada por Bruselas sea provisional y reversible si el país cumple los objetivos en el tiempo adicional permitido. Existen antecedentes en los que tramos bloqueados fueron finalmente liberados, después de certificar la corrección de las reformas requeridas. De hecho, en el último paquete aprobado se ha validado el compromiso pendiente del cuarto pago vinculado al programa de los agentes del cambio, para transformación digital de las pymes, que un año antes había supuesto 158 millones retenidos y que ahora han sido desbloqueados.
Desde el inicio del plan, España ha recibido más de 55.000 millones de euros en subvenciones y 16.270 millones en créditos a bajo interés, pero cada nuevo tramo está condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos acordados con Bruselas. El Ejecutivo comunitario mantiene un diálogo técnico y político continuo con las autoridades españolas para evaluar avances y proponer soluciones a los bloqueos.
De forma paralela a la congelación de fondos, el Gobierno presentó en enero una revisión del Plan de Recuperación con la intención de facilitar su cumplimiento. Esta revisión, aprobada por el Ecofin el 20 de enero, reduce las previsiones de créditos a 22.000 millones de euros, frente a los 83.000 millones iniciales, y mantiene invariable la meta de 79.854 millones de euros en subvenciones. El ajuste trata de evitar en lo posible nuevos compromisos sujetos a ratificación parlamentaria, dadas las dificultades para aprobar medidas en el Congreso de los Diputados.