La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ante las críticas recibidas. Durante la Interparlamentaria regional socialista celebrada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Montero señaló que la iniciativa se sostiene “por encima de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas”.
Montero acusa al PP de buscar “un enemigo” al que culpar por “su incompetencia”
En su intervención, la ministra subrayó que “no hay excusa posible para decir que no” a la cantidad propuesta para comunidades como Andalucía, que, según detalló, recibirá más de 4.850 millones de euros del total de 21.000 millones contemplados para las comunidades de régimen común.
Montero, además, acusó al Partido Popular de querer “siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia” y añadió: “Parece que le iba mucho mejor con el ‘procés’”. Según sus palabras, el PP “añora una etapa de conflicto en Cataluña” porque era “una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes”.
El Partido Popular sostiene que el sistema rompe con la equidad entre territorios y critica que el Ejecutivo busque apoyos selectivos. Desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se advierte sobre los riesgos de constitucionalidad y se reclama un acuerdo multilateral para actualizar la financiación y reforzar la cohesión territorial.
El debate en torno al principio de ordinalidad es uno de los puntos más controvertidos. “No es el principio fundamental ni el principio rector del sistema que va a presentar la vicepresidenta. Es un parámetro que, como tantos, se aplicará objetivamente y de manera igualitaria a todas las comunidades autónomas”, explicaba Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en este sentido.
El modelo impulsado por Hacienda permite que las comunidades que más aportan sean también las que más reciben, aunque con excepciones. Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana lideran el incremento de recursos, mientras que Madrid, pese a ser la región con mayor capacidad de contribución, no figura a la cabeza en financiación por habitante debido a los mecanismos de ajuste. En el caso de Extremadura y Cantabria, el Gobierno ha anunciado medidas de compensación específicas para evitar que la reforma suponga una pérdida de recursos respecto al sistema anterior.
Las claves del nuevo modelo de financiación
El diseño del nuevo sistema de financiación autonómica incorpora varios cambios clave para el reparto de recursos entre las comunidades de régimen común, con el objetivo de aumentar la equidad y la suficiencia financiera a partir del próximo año. El plan contempla un total de 224.507 millones de euros para todas las regiones incluidas, lo que supondría un crecimiento de casi 21.000 millones respecto al modelo actual.
La distribución de fondos se basa en una fórmula de población ajustada, que pondera elementos como la edad, nivel educativo y la dependencia. Este cálculo permite reflejar mejor las necesidades de gasto de cada territorio. Además, el sistema introduce ajustes de nivelación horizontal - por el que las regiones con mayor capacidad tributaria aportan más - y ajustes verticales, a través de los cuales el Estado suma una transferencia adicional de casi 19.000 millones de euros para reducir las diferencias entre comunidades.
Entre las novedades figura la creación de un fondo climático de 1.004 millones, dirigido especialmente a las regiones mediterráneas. Se suma un refuerzo del fondo de compensación interterritorial, que dispondrá de 3.300 millones adicionales para las autonomías con peor financiación por habitante. Para evitar retrocesos, el modelo incluye un mecanismo de ‘statu quo’ que garantiza que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el sistema anterior.
El modelo da a las comunidades la posibilidad de gestionar en tiempo real sus ingresos, como ya hace el Estado, y de optar entre dos fórmulas para el IVA de las pymes: recibir fondos según el índice de consumo o recaudar directamente el 5% del IVA generado por este sector, asumiendo los riesgos asociados. Además, se prevé que las autonomías perciban una mayor proporción de ingresos por IRPF, IVA y otros tributos como el patrimonio, los depósitos bancarios, las actividades de juego y el depósito de residuos.