Le roban su scooter, no lo denuncia ante la policía y ahora le reclaman 18.000 euros en multas de aparcamiento: el vehículo sigue a su nombre

Un matrimonio parisino enfrenta una sanción insólita después de que su scooter fuera robado hace tres años y optara por no notificarlo a las autoridades. Ahora, el Ayuntamiento de París le reclama más de 18.000 euros en concepto de multas de estacionamiento, tras la acumulación de 272 infracciones asociadas al vehículo sustraído, que sigue bajo el nombre de los antiguos propietarios.

Los protagonistas —o las víctimas— de este suceso se llaman Élodie Roy y Jérôme Biderre. El 6 de abril de 2022, como cuenta el diario Le Parisien, Jérôme sufrió una avería cuando circulaba con su scooter de 125 cm³ durante su trayecto habitual dentro de la capital francesa. Entonces dejó aparcada la moto, a la espera de llevarla a un taller, pero cuando volvió a por ella, había desaparecido. Convencido de que su “viejo dos ruedas” nunca sería encontrado y de que no merecía la pena pasar por todos los trámites ante la policía, Jérôme decidió no declarar el robo a las autoridades.

En ese entonces, además, la pareja acababa de cambiar de domicilio tras el nacimiento de su tercer hijo, pero Jérôme había olvidado cambiar la dirección en la tarjeta de circulación del vehículo. Estos dos errores tendrán consecuencias considerables. Especialmente el segundo, ya que los sistemas de detección automática de matrículas de Francia siguieron registrando el vehículo como activo y a nombre del mismo propietario.

Llegan las multas

Pasan tres años. Y entonces, ya en 2025, una antigua vecina alertó a la familia sobre la presencia de una carta oficial en su anterior dirección. Cuando la abrieron, encontraron una multa por una infracción cometida por su moto desaparecida, que había sido encontrada por fin, mal aparcada y no en la mejor de las situaciones. Como ha contado Le Parisien: “En el lugar, Jérôme encontró los restos de su vehículo: solo quedaban el chasis y la placa de matrícula”. Poco después, el matrimonio descubrió que esa multa no era la única: había 272, en total, por las que las autoridades les reclamaban cerca de 18.000 euros.

Ahora, el único recurso legal disponible para el matrimonio es impugnar cada multa, una a una, ante el Tribunal de Stationnement Payant. Sin embargo, la vía burocrática está saturada, según el diario francés: “El TSP está desbordado por una avalancha de recursos, con una acumulación de 355.000 expedientes en espera a finales de 2025 y plazos de resolución que superan los dos años”. Mientras el procedimiento judicial se prolonga, la familia permanece atrapada en una maraña administrativa. La posibilidad de resolver el conflicto parece lejana.

En España, la burocracia ha producido casos similares. Recientemente, saltó a las noticias la historia de un conductor que fue detectado a las afueras de Girona a una velocidad muy superior a la permitida. La multa inicial fue de 300 euros, pero si la hubiera pagado en los 20 primeros días después de su recepción, el importe se hubiese reducido a la mitad. Sin embargo, el afectado aseguró en la radio que la sanción no le llegó a su domicilio, y que la primera noticia de la sanción la tuvo un año después, cuando ya era demasiado tarde: la multa había ascendido hasta los 1.000 euros.