Desde la aprobación de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en junio de 2021, el derecho a morir con ayuda sanitaria en España sigue consolidándose. Sin embargo, la implementación de este procedimiento, el debate social, los retos prácticos y la ética han estado a la orden del día cada vez que se anunciaba un caso.
Según el Informe Anual de 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir del Ministerio de Sanidad, en 2024, 426 personas recibieron ayuda para morir, un incremento del 27,5% respecto al años anterior, cuando se practicaron 334 procedimientos. No obstante, de las 929 solicitudes, apenas el 45,86% se tradujo en prestaciones efectivas, mientras que 308 personas (33,15%) fallecieron antes de recibirla.
El informe también destaca que 54 solicitantes revocaron voluntariamente su solicitud, el doble que en 2023, lo que equivale a uno de cada veinte expedientes. La mayoría de estas renuncias se produjo antes de formalizar la segunda solicitud requerida por la ley, aunque nueve personas cancelaron incluso tras la aprobación de la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE).
Retrasos y evolución autonómica
La duración media del procedimiento desde la solicitud hasta la resolución se situó en 52,97 días, con una mediana de 41 días, por encima de los 30 a 40 días naturales estipulados por la ley. El tiempo total desde la primera solicitud hasta la prestación efectiva alcanzó una media de 82,65 días, lo que supone 16 días más que en 2023 y casi 23 días más que en 2021. El aumento de la demanda ha sido notable: desde 173 solicitudes registradas en el segundo semestre de 2021 hasta 929 en 2024, un crecimiento del 436%.
Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentran la mayor parte del crecimiento: Cataluña pasó de 94 prestaciones en 2023 a 142 en 2024, mientras que Madrid duplicó sus casos, pasando de 35 a 62. La Comunidad Valenciana experimentó un descenso, y regiones como La Rioja, Murcia, Extremadura y Melilla presentan menos de diez procedimientos efectivos cada una.
Motivos de revocación, aplazamientos y perfil de los solicitantes
El informe señala que 55 personas solicitaron aplazamientos de la prestación, y dos tercios de estos casos terminaron finalmente en eutanasia efectiva. Entre las 141 solicitudes denegadas en 2024, se incluyen aquellas que no cumplían con criterios de nacionalidad, residencia, edad, documentación o patología grave e incurable.
En cuanto al perfil del solicitante, el 76% corresponde a personas mayores de 60 años, con especial incidencia en mayores de 80, que representan el 27,77% de los procedimientos efectivos. Las enfermedades más frecuentes fueron neurológicas (32,51%) y oncológicas (29,71%), sumando el 62,22% de los casos.
El caso de Barcelona
Paralelamente a las cifras oficiales, el caso más sonado es el de una mujer de 24 años en Barcelona. Tras quedar parapléjica tras un intento de suicidio, la joven solicitó la eutanasia en abril de 2024, y la CGyE aprobó su petición. A pesar de ello, su padre recurrió judicialmente, alegando que su voluntad podía estar comprometida por problemas de salud mental.
En marzo de 2025, un juzgado de Barcelona rechazó la apelación, confirmando que una persona adulta y con plena capacidad para decidir puede ejercer su derecho a morir con ayuda sanitaria. Este caso es uno de los primeros en España en llegar a la justicia ordinaria, y ha generado un intenso debate ético y social sobre autonomía, vulnerabilidad y acompañamiento.
Un derecho consolidado, pero con preguntas abiertas
Desde 2021 hasta 2024, 2.432 solicitudes de eutanasia han sido tramitadas en España, de las cuales 1.123 terminaron en prestación efectiva (46 %). A pesar del incremento de solicitudes y prestaciones, los retrasos, las revocaciones y los fallecimientos durante la tramitación reflejan los retos prácticos de garantizar un derecho tan sensible.