Los centros sanitarios privados están en un momento de expansión en España. En un país que cuenta con una sanidad pública, gratuita y universal, la pandemia del Covid-19 marcó un impasse que impulsó los seguros de salud y el cupo de mercado de la sanidad privada. El problema, según un informe publicado este martes por el Ministerio de Sanidad, es que esa actividad se financia igualmente con fondos públicos, lo que supone “desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”.
El equipo de Mónica García ha elaborado un informe sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España. El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser la excepción a la norma en muchas comunidades y su actividad depende de los fondos que se traspasan de la sanidad pública.
Según los datos del ministerio, los hospitales privados han crecido un 36,8% en la última década: los 106 hospitales privados de 2013 pasaron a 145 en 2023, por lo que ya suponen el 30,7% de los hospitales nacionales. La sanidad privada engloba ya el 17,8% de las camas de hospital operativas y un 10,7% de los quirófanos. Sin embargo, su actividad llega a depender en más de un 80% de los recursos públicos que reciben.
Dinero público para financiar la sanidad privada
Los centros privados de España pueden financiarse enteramente por sus recursos propios o a través de recursos públicos, si pertenecen a la red del Sistema Nacional de Salud (SNS) o si tienen firmado algún concierto parcial o sustitutorio con la sanidad pública. El Ministerio de Sanidad ha valorado la actividad de todos estos centros según las altas, estancias, consultas, urgencias, intervenciones de cirugía ambulatoria (sin ingreso), sesiones de hospitalización y estudios diagnósticos.
El informe concluye que la sanidad pública se hace cargo del 97% de la actividad asistencial analizada de los hospitales privados de dependencia funcional pública, pero también destina su dinero fuera del SNS. Así, en 2023, el 34,6% de las estancias en hospitales privados no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (SNS) fueron financiadas con fondos públicos. El Estado también pagó por el 17,6% de las altas hospitalarias y el 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria en estos centros. Cuando se miran los hospitales privados dependientes del SNS, estos porcentajes aumentan al 90% de las estancias y al 88,5% de las altas y cirugías.
En los centros privados no pertenecientes al SNS, los fondos públicos financiaron un 10% de las consultas, un 20,7% de las sesiones de hospitalización de día y un 9,1% de las urgencias atendidas. En cuanto a la actividad diagnóstica, esta se ha duplicado en los centros ambulatorios privados que no pertenecen a la sanidad pública. Estos establecimientos realizaron cerca de 3 millones de estudios diagnósticos en 2023, pero cerca de la mitad (43,7%) se financiaron con fondos públicos. Todo ello pese al crecimiento del seguro privado, que ya contrata el 32,6% de la población española.
La pública atiende los procedimientos más caros
Aunque los fondos públicos cubran una parte importante de la actividad sanitaria privada, los hospitales del SNS siguen cubriendo entre el 70-80% de los procedimientos de salud más caros, como traumatismos, infecciones agudas del tracto respiratorio superior, la quimioterapia o inmunoterapia.
Al observar procesos como trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura por parte de hospitales del SNS es, en la mayoría de los casos, superior al 95%.
“El sistema sanitario privado descansa sobre la financiación pública” ha resumido Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto conlleva unos riesgos para el sistema sanitario español, como la fragmentación de la red asistencial, sobrecostes o la atención selectiva por parte del sector privado. “Necesitamos una ley que proteja y que blinde lo público”, ha defendido, una normativa en la que su ministerio está trabajando, bajo la futura Ley de Gestión Pública.