Los magistrados que participaron en la sentencia de Álvaro García Ortiz se han convertido en protagonistas de esta semana. La decisión de condenar al Fiscal General del Estado, además de histórica, ha sido un detonante de polémica, con acusaciones de “golpismo judicial”, por un lado, y exigencias de dimisiones al Gobierno, por el otro. Los siete jueces no llegaron a la misma conclusión, pues dos magistradas apostaron por su inocencia, mientras que cinco decidieron condenarlo, imponiendo este resultado final.
Fruto de la crispación política de la actualidad, la división de opiniones entre los magistrados ha hecho que se produzcan señalamientos públicos sobre supuestas inclinaciones ideológicas que les han llevado a decidir según su postura o interés, y no basándose en su criterio profesional. Por ello, sus trayectorias se han convertido en un asunto de interés general. La trama Gürtel, el procés catalán o la amnistía a Puigdemont son algunos de los casos más conocidos en los que se han visto envueltos, y ofrecen pistas sobre su orientación.
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Los cinco jueces que han condenado al Fiscal General
Andrés Martínez Arrieta es el encargado de la firma de la sentencia. Llegó al Tribunal Supremo en 1998. En los últimos años, ha estado involucrado en varios casos que envuelven a políticos: fue el ponente en la condena de dos años y medio de prisión al exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del PP, por prevaricación, por un caso de concesión de contratos públicos ‘a dedo’ por el que la acusación pedía 16 años. También permitió archivar la causa que abrió el juez Peinado contra Félix Bolaños por falso testimonio y malversación. Participó en la decisión de no amnistiar el delito de malversación de dinero público dentro del procés catalán, lo que ha provocado que Puigdemont siga teniendo una orden de detención en España.
En este mismo juicio, el ponente fue Manuel Marchena, que estuvo al frente de juicios sobre el referéndum de independencia durante años. Este juez es el que ha desatado más enfado entre la izquierda, ya que, en 2018, se vio salpicado por la publicación de El Español de un mensaje donde senadores del PP pedían elegirlo porque les permitiría “controlar la Sala Segunda desde detrás”.
Pero si hay un proceso especialmente conocido que implica a varios de estos jueces es la trama Gürtel que envuelve al PP y a distintos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy. Juan Ramón Verdugo, otro de los magistrados que ha permitido la condena al Fiscal General, ratificó la condena por este caso de corrupción. Arrieta también condenó a Baltasar Garzón en el caso por las escuchas de la Gürtel, pero lo absolvió en el caso de las víctimas del franquismo.
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El cuarto juez de este grupo de cinco también participó en el proceso por el caso Gürtel. Antonio del Moral archivó la causa contra García-Pelayo, exalcaldesa de Jerez, que aseguró no conocer lo que estaba ocurriendo. Este magistrado permitió la condena a Iñaki Urdangarin por el caso Noós. El quinto nombre es Carmen Lamela, conocida por encarcelar a “los Jordis” o al expresidente del Barça, Sandro Rosell, que acabó siendo puesto en libertad e indemnizado por considerarse finalmente inocente.
Las dos juezas que se oponen a la decisión
Las dos juezas que se opusieron a la decisión de condenar al Fiscal General son Ana María Ferrer y Susana Polo. La primera de ellas logró en 2014 ser la primera mujer en ser elegida para ocupar una sala del Tribunal Supremo. Su caso más relevante fue el de la amnistía, donde se opuso a la decisión de la mayoría y apostó por permitirla para el delito de malversación.
Por el contrario, Susana Polo, como instructora del caso ‘Tsunami Democratic’, sí que coincidió con la decisión final de no aplicar la amnistía a este delito, que mantiene al líder de Junts fuera de España. Además, esta jueza se caracteriza por su liderazgo en temas de violencia de género.
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