El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha exonerado de una deuda de 1.212.910 euros a una mujer que avaló los préstamos tomados por su marido en un intento de salvar la empresa familiar dedicada a la explotación avícola.
Todo comenzó en 2014, cuando el hombre decidió abrir una empresa para gestionar una granja de pollos, involucrando a la familia en el proyecto. Dos años después amplió la actividad construyendo una segunda granja, lo que implicó una hipoteca y comprometió todavía más el patrimonio familiar.
“El monstruo nos estaba comiendo”
“Todo iba bien”, relata la mujer, quien explica que en un principio sus hermanos no se implicaron en el negocio. Sin embargo, en 2020 “reclamaron su parte en el patrimonio y a partir de ese momento comenzó una batalla campal por las desavenencias familiares que acabó en los juzgados”, en palabras de la propia afectada.
Según recuerda, el negocio “funcionaba para vivir tranquilamente. Además, yo tenía y tengo mi trabajo, pero el peso importante de la economía familiar lo aportaba dicha empresa”. Sin embargo, los costes derivados de los litigios familiares y los gastos de abogados comenzaron a crecer, y la familia sufrió sus consecuencias: “Los gastos judiciales y de abogados se fueron incrementando y nos afectaron directamente”.
Ante los problemas económicos, la pareja acudió a asesores. A raíz de ello, el marido empezó a pedir nuevos préstamos con la intención de mantener a flote el negocio y cubrir los gastos del conflicto legal. “La pelota se fue haciendo cada vez más grande hasta que nos atropelló”, expresa ella. Ella firmó como avalista, según cuenta, “ya que yo estaba y estoy a su lado, mostrándole todo mi apoyo en lo que hiciera falta”.
La deuda acumulada siguió creciendo: “Haciendo cuentas vimos que la deuda superaba el millón de euros. Entonces nos cayó una losa muy grande encima, pero teníamos que buscar una solución para tirar hacia delante”. La mujer reconoce que “los préstamos eran una solución momentánea, porque al cabo de unos meses estábamos en una situación peor”.
“A finales del año pasado”, continúa la mujer, “el abogado que nos llevaba el litigio de la empresa nos dijo que no iba a continuar y buscamos otro. Conocíamos a uno de Tàrrega y, al exponerle todo nuestro caso, nos dijo que nos teníamos que acoger a la Ley de la Segunda Oportunidad, por lo que nos puso en contacto con Marta Bergadà y ya establecimos una primera reunión”, narra.
La abogada encargada del caso explica que, tras analizar la documentación, “vimos claramente que era una deudora de buena fe, por lo que nos pusimos a trabajar rápidamente en el caso”. Para la familia, el proceso marcó un punto de inflexión. “La actuación de todo el equipo fue instantánea. Además, estábamos en una situación extrema en la cual el monstruo se nos estaba comiendo”.
Amenazas y acoso de las empresas de recobro
Mientras tanto, la situación personal se agravaba por las presiones externas. La mujer cuenta que sufrió “el acoso y las amenazas de las empresas de recobro de deudas y las entidades bancarias”. Las llamadas y la presión fueron constantes: “había presión y amenazas que nos acababan pasando factura”. La abogada subraya que “estas prácticas no sólo son contraproducentes, sino que también pueden constituir violaciones de los derechos personales del deudor”.
“Cuando me llamaron desde el despacho legal para decirme que se me había exonerado el pasivo insatisfecho sentí un alivio muy grande, porque me quitaba un peso enorme que estaba sobre mi cabeza. Constantemente, mi marido y yo pensábamos en nuestros hijos y su futuro, pero ahora se ve diferente, con más tranquilidad”, añade la mujer.
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