Una médica generalista de la comuna de Le Bois-de-Céné, en el departamento francés de Vendée, ha sido convocada ante la cámara disciplinaria del Consejo Regional del Orden de los Médicos de los Países del Loira tras la denuncia presentada por un paciente que la acusa de haberle negado la renovación de un tratamiento para la hipertensión. El caso, que ha sido revelado por el medio local Le Courrier vendéen, ha suscitado debate en torno a los límites de la autonomía médica, la relación con los pacientes y la gestión de la continuidad asistencial en Francia.
El paciente, un hombre de 44 años, asegura que acudió a la consulta de la doctora tras haber recibido una primera prescripción en el servicio de urgencias, donde le recetaron medicación para controlar su presión arterial. Según su versión, se encontraba entonces aquejado de “dolores torácicos” y “fuertes cefaleas”. Sin embargo, la profesional decidió no renovar el tratamiento, argumentando que no existía una “urgencia médica” que justificara esa medida y que el paciente debía someterse a un seguimiento adecuado antes de prolongar una receta emitida en un contexto de emergencia.
Tensiones previas entre el paciente y el personal sanitario
Durante la comparecencia ante la cámara disciplinaria, la doctora explicó que su negativa se basó en criterios clínicos y éticos, y recordó que el mismo paciente había tenido comportamientos problemáticos en el pasado. Según relató, el hombre se había mostrado “agresivo” con una de sus sustitutas dos años antes, durante una consulta en la que se negó a llevar mascarilla sanitaria y llegó incluso a “filmar” la escena, generando una situación de tensión en el centro médico.
La abogada de la generalista aportó además que el paciente habría tenido conflictos con la secretaria del consultorio y que en una ocasión llegó a discutir con otro paciente que intentó “interponerse” en su enfrentamiento. Todo ello, según la defensa, dibuja un patrón de comportamiento conflictivo que habría influido en la decisión de la médica de no seguir atendiendo al hombre sin garantías de respeto ni de colaboración.
La letrada insistió en que su clienta actuó conforme a los principios deontológicos de la profesión y que en ningún momento abandonó al paciente. De hecho, le proporcionó una “lista de colegas” a los que podía acudir para obtener una segunda opinión o renovar su tratamiento, cumpliendo así con la obligación de asegurar la continuidad de la atención sanitaria.
La médica reclama daños por “denuncia abusiva”
Ante la cámara disciplinaria, la profesional decidió dar un paso más y solicitó una indemnización de 1.000 euros por “denuncia abusiva” y otros 3.000 euros en concepto de gastos judiciales derivados del proceso. Según su defensa, la acusación del paciente carece de fundamento y supone una carga injustificada para la doctora, que se ha visto obligada a afrontar un procedimiento disciplinario pese a haber actuado dentro de los márgenes legales y éticos de su profesión.
El paciente, por su parte, no se presentó a la audiencia, un hecho que no ha pasado desapercibido entre los miembros del consejo disciplinario. Su ausencia ha sido interpretada por algunos como una muestra de desinterés en el desarrollo del proceso o de falta de pruebas sólidas que respalden su versión de los hechos.
La cámara del Consejo del Orden de los Médicos de los Países del Loira deberá ahora determinar si la conducta de la médica constituye una falta deontológica o si, por el contrario, se trató de una actuación profesional legítima. La decisión ha quedado en deliberación y se espera que se haga pública en las próximas semanas.