La situación de Fermín, un hombre con una discapacidad física y psíquica del 78%, ha puesto en evidencia los vacíos legales y sociales que rodean los casos de inquiokupación en España. Su vivienda, en pleno centro de Barcelona, fue alquilada en 2020 a una familia con dos hijos menores, con el objetivo de garantizarle ingresos que le permitieran costear los cuidados especiales que recibe en el Centro Ocupacional Juan de Austria, en Madrid.
El piso fue dejado en herencia por su padre. Los inquilinos pagaban mes a mes, pero desde otoño de 2020 cortaron de raíz el flujo con el que se paga la manutención de Fermín. “Es un dinero que necesitamos”, subrayó Alberto, primo y tutor legal de Fermín.
Ahora, tras cinco años sin recibir el pago del alquiler, la deuda acumulada supera los 54.000 euros, denunció ante las cámaras de Telemadrid. “Estamos hablando de 54.000 euros”, insistió.
“El piso se puso en alquiler para el que él tuviese una buena calidad de vida”
La familia decidió poner en alquiler el piso para asegurar el bienestar de Fermín. “Es decir, ese dinero es para él, a quien se lo tienen que dar es a él, no a mí”, explicó Alberto.
A pesar de que existió una sentencia favorable al desahucio de los inquilinos, un juzgado de Barcelona declaró a la familia “vulnerable” por tener dos hijos adolescentes, impidiendo así ejecutar el desalojo. “De buenas a primeras se les declaró vulnerables, porque tienen dos hijos menores, son ya adolescentes, pero se les ha declarado vulnerables y por eso llevan ya casi seis años ahí”, relató Alberto.
Además, los gastos se extienden más allá de la deuda por alquiler impagado: “Tenemos que pagar el IBI, tenemos que pagar la comunidad, tenemos que pagar las derramas”, enumeró el tutor legal de Fermín.
Pero lo que más ha indignado a la familia ha sido la dicha declaración de vulnerabilidad. La familia ha cuestionado los criterios y la duración de la protección, implantada por el Covid-19: “¿Quién es vulnerable? ¿Cuánto tiempo es vulnerable? No sé si eso se revisa…”, se preguntó Alberto.
Según él, “quien verdaderamente es vulnerable es mi primo”, que tampoco sabe de la situación de estas circunstancias por su discapacidad.
Petición al Gobierno
Ante esta situación, Alberto ha iniciado una petición en la plataforma Change.org para solicitar una evaluación más justa de estos casos y una revisión de los criterios de vulnerabilidad. “Pedimos al Gobierno y a los ayuntamientos revisar los casos de ‘vulnerabilidad’ para garantizar evaluaciones adecuadas”, afirmó, iniciativa que ya cuenta con más de 44.700 firmas.
Mientras tanto, el impacto personal y económico para la familia continúa siendo devastador. “Tengo que pagar el abogado, el procurador y a ellos se lo ponen gratis”, lamentó Alberto. Y aun así, la incertidumbre sobre el futuro es total: “No sé cuándo voy a cobrar esto”.
“Tengo un primo que necesita ayuda. ¿Por qué tiene él que sufrir? ¿Por qué tiene que pagarle la vivienda a esta gente? Que sea el Estado quien les pague el alquiler, porque mi primo sí que lo necesita”, sentenció Alberto, resumiendo la frustración y el reclamo de justicia que atraviesa la familia.