Una multinacional suiza quiere construir una gran instalación fotovoltaica en el este de la Comunidad de Madrid, lo que está dividiendo a vecinos. Algunos han decidido que lo mejor es alquilar sus terrenos a la empresa y cobrar por ello, “ya que el proyecto es imparable”; mientras otros se están uniendo en plataformas y amenazan con acciones en los tribunales para intentar frenar “este mar de placas solares”. Los Ayuntamientos de la zona también están divididos: algunos han decidido negociar con esta compañía y obtener una compensación económica. Otros, en cambio, contratan abogados para intentar defender sus intereses.
Smartenergy, compañía de inversión privada en renovables con sede en Suiza, ha puesto sus ojos en dos pequeños municipios del este de la región: Villalbilla (18.000 vecinos) y Torres de la Alameda (7.700 habitantes). Allí quiere construir una planta solar fotovoltaica de 78 MWp, que podrá generar hasta 160 GWh anuales, lo que equivale al consumo eléctrico de unas 90.000 viviendas. Lo hará, si finalmente consigue los permisos necesarios, a través de una filial, Envatios, que también tiene entres sus socios al Grupo Prodiel, propiedad de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 27 de septiembre la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) por la que se otorga a Envatios Promoción XXIV, SL la declaración de utilidad pública. Esta declaración supone un espaldarazo definitivo al proyecto. Este tipo de resoluciones otorgan al promotor la capacidad de ejecutar la instalación con respaldo estatal, incluso en caso de que existan alegaciones locales. Para poder instalar las placas, Envatios se ha hecho ya con 120 parcelas: 105 en Torres de la Alameda y 15 en Villalbilla. Todos estos propietarios han decidido alquilar sus terrenos “porque el proyecto es imparable. Y es mejor sacar una ganancia”, explica uno de ellos a Infobae España, que pide anonimato y prefiere no decir lo que ingresa por ello.
Otros, en cambio, se oponen claramente al proyecto. Los vecinos de Zulema, Peñas Albas y El Viso, tres importantes zonas residenciales de Villalbilla, se han aglutinado en una plataforma contra la ‘macroplanta’ solar porque su construcción supondría una alteración drástica del entorno natural, con efectos potenciales sobre la salud y la calidad de vida de los vecinos. “No estamos en contra de la energía solar, sino de su mala ubicación. Decimos sí a las energías limpias, pero no a un modelo que destruye el paisaje, el suelo fértil y la vida familiar”, explican desde la plataforma. Estamos hablando que las placas ocuparán unas 335 hectáreas de suelo agrícola y natural, equivalentes a más de 470 campos de fútbol.
Riesgos para los vecinos
Esta plataforma denuncia que el proyecto de placas solares aumentará la temperatura local (entre 3 y 5 grados) debido al efecto de las superficies reflectantes; generará contaminación acústica desde los transformadores eléctricos; habrá riesgo de incendios y pérdida de calidad del aire por la eliminación de vegetación y el movimiento de tierras; se emitirán campos electromagnéticos por las líneas de evacuación y subestaciones; sin olvidar “impacto visual y psicológico, especialmente en la población infantil, que perdería el contacto con su entorno natural inmediato”.
El alcalde de Villalbilla, José Luis Luque Lorente (de un partido independiente, el PIM), no ha querido atender a este diario. Sí ha mandado un comunicado a los vecinos informándoles que “el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha decidido interponer un recurso de alzada contra la resolución por la que se otorga la declaración de utilidad pública a la planta fotovoltaica Envatios”. Es una solicitud de suspensión cautelar. La única vía que le queda al Consistorio, y también a los vecinos, para reaccionar y pedir que se detenga el proyecto mientras se revisan sus efectos y su legalidad.
La Comunidad de Madrid, por su parte, tiene posturas enfrentadas. Mientras que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha formulado una Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación señala que, a la vista de la superficie de cultivos leñosos afectados y del número de pies afectados y dado que la superficie de cultivos leñosos es limitada en la Comunidad de Madrid, no se considera viable el proyecto, por lo que se recomienda una ubicación diferente. La planta solar ocupará un espacio que hasta ahora servía como colchón rural entre la M-300 y la urbanización El Viso. Allí, el paisaje agrícola cumplía la función de transición entre la ciudad y el campo. Con el nuevo proyecto, la primera imagen al entrar en Villalbilla desde Torres de la Alameda será la de miles de placas solares alineadas.
Torres contrata abogados
El ‘mar’ de placas también afecta a los vecinos de Torres de la Alameda, en concreto a los residentes de la urbanización Mariblanca. Un portavoz del Consistorio, del PP, explica a este diario que ya han contratado a un equipo de abogados para analizar el proyecto e intentar que provoque los menos perjuicios posibles al municipio. Torres presentó alegaciones al proyecto, porque provocaría en la localidad la disminución de espacios agrarios, afectaría a paisajes naturales, caminos públicos y fauna y vegetación, además de estrangular a los futuros desarrollos urbanísticos. Villalbilla y Torres de la Alameda no son las únicas poblaciones afectadas.
Las placas necesitan una línea soterrada de media tensión que pasa también por Loeches (9.200 vecinos), San Fernando de Henares (39.000) y Mejorada del Campo (24.600). Aunque en este último también está previsto que la empresa suiza instale también placas. Un portavoz de Mejorada, donde gobierna el PSOE, explica que aunque al principio se oponían al proyecto, la realidad les ha hecho negociar con la empresa promotora para reducir el impacto urbanístico y paisajístico. ¿Qué se ha conseguido en esa negociación? Reducir un 40% el tamaño de la planta frente al proyecto inicial (las placas más cercanas a viviendas estarán a 190 metros), un plan de empleo para los vecinos de Mejorada, y una indemnización valorada en 3,8 millones, “además de los impuestos municipales cuando soliciten licencias y permisos, dinero que se destinará a mejorar el municipio”.
Vox está en contra del proyecto. El diputado regional Íñigo Henríquez de Luna ha visitado los municipios afectados junto a los portavoces municipales del partido. “Autorizar cinco macroplantas solares en las puertas de pueblos como Torres de la Alameda o Villalbilla es un despropósito. Nosotros defendemos la soberanía energética de la nación, pero sin atentar contra la agricultura, el paisaje y la calidad de vida de nuestro mundo rural. El Gobierno de Ayuso cree que Madrid es un sumidero energético”.