La creciente presencia de la inversión con fines especulativos en el mercado de la vivienda en España está generando un impacto profundo en el acceso a un bien considerado esencial. Cada vez más, la vivienda se concibe no como un derecho, sino como un activo financiero donde los grandes inversores (fondos internacionales, socimis o particulares con capacidad de acumulación) buscan rentabilidades elevadas a través de la compra, reventa o alquiler a precios crecientes. El resultado es un mercado tensionado que se aleja de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.
El Banco de España ha señalado que los precios residenciales muestran actualmente una sobrevaloración de entre el 1,1% y el 8,5%, fruto de una demanda sostenida y de una oferta insuficiente, especialmente en áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona. A ello se suma un déficit estimado de más de 3,5 millones de viviendas asequibles, según el informe de Atlas Real Estate Analytics, lo que refuerza la idea de que el mercado actual no responde a las necesidades sociales, sino a lógicas financieras. En este contexto, la especulación se erige como uno de los principales obstáculos para garantizar el derecho a una vivienda digna.
La vivienda, un objetivo cada vez más inalcanzable
La creciente dificultad para acceder a una vivienda en España ha generado que cada vez más personas no sean capaces de afrontar este gasto con un solo sueldo, según ha denunciado la sindicalista Afra Blanco durante una intervención en el programa LaSexta Xplica. Blanco advirtió sobre la transformación del país: “Estamos generando una España que se tiene que pluriemplear para poder garantizar un derecho a techo. Y, por lo tanto, un derecho a ser un ciudadano de pleno derecho”.
Como respuesta a la especulación en el sector inmobiliario, Blanco propuso una línea clara de actuación fiscal: “Friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda. Friamos a impuestos a los que están comprando viviendas para invertir y para especular”. La sindicalista, responsable de Comunicación de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, consideró imprescindible diferenciar entre la compra destinada a la residencia habitual y la adquisición de inmuebles como instrumento de inversión, subrayando que la fiscalidad debe favorecer a quienes buscan una primera vivienda.
La propuesta de Blanco
“Yo digo que la primera vivienda, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales baje al cero para todas las edades”, planteó, citando el tributo que grava la compraventa de bienes inmuebles y cuyo tipo varía en función de territorio y valor de la vivienda. Sin embargo Blanco añadió un matiz importante: “Pero los que se dedican a acumular y a especular, que por cierto, los especuladores no son empresarios, friámosles a impuestos”.
“Tampoco entiendo muy bien, uno, por qué está comprando una segunda vivienda en Madrid en Lavapiés si no es para invertir y, por lo tanto, en el fondo, para especular”, dijo, en referencia a las actuales tendencias de compra. Para Blanco, la especulación inmobiliaria limita tanto el acceso a la vivienda como la capacidad de los trabajadores para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, haciendo énfasis en la necesidad de políticas que prioricen el uso habitacional sobre el interés inversionista.