La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión y al pago de una multa a una mujer que estafó más de 154.000 euros a la empresa frutícola para la que trabajaba como directora financiera. El tribunal ha dictado esta sentencia que ya es firme en aplicación del acuerdo de conformidad alcanzado por las acusaciones y la defensa en el juicio celebrado el pasado mes de junio.
La acusada fue contratada el 1 de diciembre de 2017 por la empresa Frutas Iberos SL, con domicilio social en Valencia y dedicada al comercio al por mayor de frutas, verduras y hortalizas. La mujer pasó a ostentar la condición de directora financiera para desempeñar el cometido en materia fiscal y de tesorería de la empresa.
En consecuencia, tenía acceso a la Agencia Tributaria a través de firma digital, y a los códigos o claves de las cuentas bancarias de la empresa para poder realizar cualquier tipo de pagos o de transferencias bancarias.
41 transferencias a sus cuentas privadas
Los problemas comenzaron cuando la mujer empezó a tener unos desacuerdos con la empresa como consecuencia de la detención de diversas irregularidades en el desempeño del cometido por la causada, viendo que no cumplía en debida forma los encargos que le eran hechos en su ámbito laboral, le fue llamada la atención, dando lugar a que el día 2 de mayo de 2019 la acusada solicitara la baja voluntaria que se llevó a efecto el 17 de junio de ese año.
Ante los desajustes contables y fiscales existentes en la empresa, la entidad Frutas Iberos SL encargó una auditoría interna en mayo de 2019. Así descubrieron que la acusada había llevado a cabo desde el mes de junio de 2017 hasta el mes de junio de 2019 un total de 41 transferencias bancarias con un importe total de 114.774,88 euros desde la cuenta bancaria de la empresa a dos que eran de propiedad compartida con su esposo en ese momento y una de la que ella tenía la única titularidad.
Las citadas transferencias las realizó simulando hacer pagos a la Agencia Tributaria por distintos conceptos. El personal del Banco de Santander, gestor de las dos primeras cuentas, detectó posibles irregularidades en la operativa y en el mes de octubre de 2018 requirieron a la acusada para que diese explicaciones sobre las transferencias.
50 cheques y pagarés al portador
La estrategia de la mujer para cubrir sus pasos no terminaba ahí y, con la con la finalidad de evitar presiones de la entidad bancaria y al tiempo evitar que la empresa Frutas Iberos S.L. descubriera su actividad fraudulenta, el día 8 de noviembre de 2018 remitió un correo electrónico, adjuntando diversos modelos 111 de Hacienda para justificar las transferencias, y una carta supuestamente escrita por el administrador de la empresa que respaldaba su operativa.
Este documento lo elaboró sin el conocimiento ni consentimiento del referido administrador, estampando la acusada al pie del mismo una firma que simulaba la del administrador.
Otro punto clave en el caso fue cuando, tras la revisión contable y financiera realizada por la empresa, se descubrió que la acusada, que por el cargo que ostentaba en la empresa tenía acceso a los talonarios de cheques para poder realizar cualquier tipo de pagos, entre los meses de octubre de 2018 y junio de 2019, imitando en los efectos la firma del administrador de la empresa, libró un total de 50 cheques y pagarés al portador por un importe total de 39.761,74 euros y que hizo efectivos contra la cuenta corriente bancaria que la mercantil Frutas Iberos S.L. tenía en la entidad Banco de Santander, y lucrándose la acusada con esta conducta.
La acusada cobró la mayoría de los citados cheques y pagarés en ventanilla en distintas oficinas del Banco de Santander, procediendo a ingresar en cuenta el importe de cuatro de los cheques librados; en concreto, tres de ellos en la cuenta de Bankia de su titularidad y otro en la cuenta que figuraba con firma autorizada y su ex marido como titular sin que éste tuviera ninguna participación en los hechos.
Multa de 1.620 euros
Por todo lo descrito, este tribunal declara a la encausada autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada.
Además de los dos años de prisión, el tribunal le ha impuesto el pago de una multa de 1.620 euros y la obligación de indemnizar a la mercantil perjudicada en la cantidad defraudada, que asciende en total a 154.536 euros, más los intereses correspondientes.
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