España ha remitido a los Estados miembros de la Unión Europea un nuevo documento para tratar de lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, en el que reafirma el compromiso del Gobierno español para asumir los costes por la implementación de la oficialidad de las tres lenguas y en la que propone criterios “claros y estrictos” para evitar precedentes.
Lo han confirmado a EFE fuentes diplomáticas -tras adelantarlo el diario La Vanguardia- de cara a la celebración el próximo viernes de un nuevo Consejo de Asuntos Generales de la UE, en el que se abordará nuevamente dicha cuestión, tras solicitarlo España.
En el documento, el Gobierno español propone que se introduzcan criterios “claros y estrictos para evitar precedentes”, según las fuentes.
Y es que, precisan las fuentes, ninguna otra lengua en la UE cumple simultáneamente los siete requisitos que España propone, como el origen histórico; el carácter oficial en el ordenamiento constitucional del Estado miembro solicitante durante más de 40 años ininterrumpidos, o que sea lengua de trabajo del poder legislativo del Estado miembro solicitante.
Los otros requisitos son que tenga uso oficial en las instituciones de la UE durante casi 20 años; su uso en la legislación, incluida la legislación de transposición y aplicación del Derecho de la Unión, elaborada en el territorio donde la lengua es oficial; la traducción certificada de los Tratados a la lengua depositada en los archivos del Consejo hace más de 12 años; y la disposición del Estado miembro solicitante a asumir todos los costes.
España insiste de nuevo en que el reconocimiento del euskera, el catalán y el gallego como lenguas oficiales de la UE “es fundamental para España y su identidad nacional multilingüe, que la Unión debe respetar” y apela a los artículos 3.3. y 4.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), sobre el respeto a la igualdad e identidades nacionales, entre otros asuntos.
Asimismo, remarca que desde septiembre de 2023 España ha colaborado “estrechamente con todos los Estados miembros a todos los niveles” para presentar “una propuesta inclusiva” que “no afecte al resto de la Unión”.
“Los 20 millones de ciudadanos europeos que viven en territorios donde estas lenguas son oficiales al mismo nivel que el español merecen el mismo reconocimiento que los demás ciudadanos de la UE con más de una lengua oficial”, insiste España en el texto.
El modelo irlandés
La propuesta española para “el pleno reconocimiento” de las tres lenguas cooficiales se ampara en “la secuencia seguida para el reconocimiento del irlandés en 2005”, cuando se adoptaron, señala, “unas conclusiones sobre el uso de las lenguas oficiales de los Estados miembros en la UE y su papel en el fortalecimiento de la identificación de los ciudadanos con el proyecto comunitario”.
“Será necesaria una nueva decisión unánime del Consejo para extender la aplicación de la propuesta más allá de la traducción de los Reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, que comenzaría en 2027 y que, de hecho, ya estaba prevista en el acuerdo administrativo que España firmó con el Consejo hace casi 20 años”, añade en el escrito.
También incide en que la oficialidad de estas lenguas ya estaba prevista en la Constitución Española antes del inicio de las negociaciones formales de adhesión de España a la UE en 1985.
(Noticia elaborada por EFE)
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