La diputada y portavoz nacional de emergencia demográfica y políticas sociales de Vox, Rocío de Meer defendió este lunes una propuesta antiinmigración que parecía sacada del ideario que el presidente Donald Trump sigue en Estados Unidos: expulsar a cerca de ocho millones de migrantes que “no se han adaptado” a las costumbres españolas y, “en muchísimos casos, han protagonizado escenas de inseguridad”. Ante tales declaraciones, el partido liderado por Santiago Abascal se vio obligado a matizar la propuesta. “Son todos los que hayan venido a delinquir. Todos los que pretendan imponer una religión extraña. Todos los que maltraten o menosprecien a las mujeres. Todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás. Y todos los menas, porque los menores tienen que estar con sus padres”, declaró en X, antes Twitter.
Estas declaraciones han dado la vuelta al panorama político y tanto el Gobierno como la oposición, e incluso magistrados, se han desmarcado por completo de la afirmación de Vox. El juez Joaquim Bosch, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia y autor del ensayo Jaque a la democracia, ha denunciado públicamente la vinculación sistemática entre inmigración y delincuencia, tras las polémicas palabras de De Meer.
En un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, ha recordado que “el 98% de las personas extranjeras no comete delitos en nuestro país, según los datos oficiales,”, y ha subrayado que “es puro racismo vincular inmigración con delincuencia, porque el color de la piel de las personas no tiene nada que ver con su conducta”.
De hecho, según los últimos datos de personas “condenadas” por delitos según nacionalidad recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se registraron 403.1904 delitos en total, el 72,3% lo cometieron españoles, seguido de un 5,8% perpetrado por otros miembros de la Unión Europea, un 9,7% de originarios de América y una cifra similar de africanos.
Como explica, la clave no es el origen, sino las condiciones socioeconómicas, como el acceso al empleo, la vivienda o la educación.
“Han venido aquí a trabajar y a buscar un futuro mejor”
Bosch contextualiza además el fenómeno migratorio desde una perspectiva histórica: “La inmensa mayoría de los extranjeros han venido aquí a trabajar y a buscar un futuro mejor. Exactamente igual que tantísima gente de nuestro país a lo largo de la historia, cuando ha tenido que salir fuera para huir de la miseria o de la persecución”. En este sentido, rechaza la criminalización de quienes buscan una vida digna en otro territorio, tal como hicieron en el pasado millones de españoles emigrados a América Latina o a países europeos como Alemania, Francia o Suiza.
El magistrado también pone el foco en las contribuciones positivas de la inmigración. “Las personas migrantes nos enriquecen desde una perspectiva cultural y económicamente”, sostiene. Y añade: “Está demostrado que aportan mucho más de lo que reciben y por eso hay que regular mejor sus derechos para acabar con situaciones injustas de marginalidad”. En otras palabras, no solo no representan una amenaza, sino que su inclusión y regularización puede contribuir a mejorar la cohesión social y la economía del país.
Además, Bosch advierte sobre los riesgos de aceptar discursos xenófobos que promueven la expulsión masiva de personas migrantes. “Nunca será admisible la idea de expulsar a millones de personas, como ya intentaron en el pasado movimientos totalitarios”. Por ello, propone una respuesta firme ante el avance del odio: “Lo que sí debemos expulsar son los discursos de odio que atacan la convivencia, porque la única raza que existe es la raza humana”. En un contexto político y mediático en el que crecen las narrativas que estigmatizan a los extranjeros, las palabras del magistrado representan un posicionamiento institucional en defensa de la igualdad, el respeto y los derechos fundamentales.
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