Según la normativa vigente, todos los propietarios de viviendas en una comunidad de vecinos deben contribuir al pago de los gastos comunes, estén o no de acuerdo con las cantidades que deben abonar. Sin embargo, existen cinco situaciones específicas en las que un vecino puede oponerse al pago de determinadas cuotas. Estas excepciones no eliminan la obligación general, pero sí permiten que, bajo ciertas condiciones, se cuestione la legalidad, el reparto o la procedencia del cobro por parte de la comunidad.
Acuerdos o cargos indebidos
Si las decisiones tomadas en la junta de accionistas no cumple con la legalidad o con los estatutos de la comunidad, la Ley de Propiedad Horizontal contempla que un propietario impugne el acta y no realice el pago. Si la comunidad aprueba un gasto mediante un procedimiento irregular o sin las mayorías necesarias, el propietario puede presentar una demanda de impugnación. Durante ese proceso, está legitimado a suspender el pago del gasto derivado del acuerdo impugnado hasta que se resuelva judicialmente.
Otro de los motivos más frecuentes para no pagar una cuota específica es que el gasto no se refiera al conjunto de propietarios, sino que beneficie exclusivamente a uno de ellos o a unos pocos. Por ejemplo, si se factura a toda la comunidad la reparación de una instalación que solo utilizan unos vecinos (por ejemplo, una terraza o similar de uso privativo), quienes no obtienen beneficio pueden oponerse al pago. Lo mismo ocurre cuando se trata de el cobro de un servicio del que no se hayan beneficiado todos los vecinos. La clave está en demostrar que el gasto no tiene naturaleza comunitaria y que no ha sido aprobado conforme a derecho.
Errores de cálculo o falta de transparencia
Cuando la comunidad comete fallos en el reparto de gastos o aplica coeficientes de participación incorrectos, el propietario afectado tiene derecho a reclamar su corrección antes de abonar la cantidad solicitada. Estos errores pueden surgir por una mala interpretación de los estatutos, una aplicación incorrecta del presupuesto o una distribución arbitraria de costes realizada de forma voluntaria o no. Mientras el error no se subsane, el propietario puede negarse a pagar la cuota afectada.
Otro motivo justificado para rechazar el pago de una cuota es la ausencia de información clara sobre el destino de los fondos comunitarios. Si la comunidad se niega a mostrar las cuentas, no convoca junta para aprobar el presupuesto o no facilita el desglose de los gastos, un propietario puede oponerse a realizar pagos sin justificación documental. El derecho a conocer las cuentas está protegido por ley, y su vulneración puede dar lugar a acciones legales.
Exoneraciones específicas
Existen situaciones en las que un propietario está legalmente exento de pagar ciertos gastos. Ocurre, por ejemplo, con locales comerciales que no utilizan elementos comunes como el ascensor o las escaleras. Si así lo recogen los estatutos u otro acuerdo específico, estos propietarios no están obligados a contribuir a su mantenimiento. También se puede quedar exento de pagar mejoras no necesarias si se votó en contra y no se va a utilizar el servicio instalado, como una antena parabólica o una piscina comunitaria.