El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a cargo de Pablo Bustinduy, ha iniciado hoy una investigación para determinar si las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber y Cabify, incrementaron sus tarifas de manera indebida durante el reciente apagón eléctrico que se sufrió en todo el país, y que duró un número considerable de horas en muchas comunidades autónomas.
Según informa el propio Ministerio, esta acción responde a una considerable cantidad de denuncias de usuarios que han señalado un aumento en los precios en algunas de las regiones donde se declaró la emergencia nacional u otras situaciones de protección civil, como es Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia o la Rioja, aunque también fue declarada en Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
La prohibición de aumentar los precios en situaciones como la del apagón eléctrico
De acuerdo con la normativa vigente, las empresas que aplican sistemas de precios dinámicos personalizados, como es el caso de Uber y de Cabify, tienen prohibido incrementar sus tarifas en contextos de “urgencia, riesgo o necesidad” durante el tiempo que dure tal circunstancia.
De hecho, esta regulación fue introducida tras la aprobación de una reforma gubernamental posterior a la DANA del pasado año, con el objetivo de proteger a los consumidores en situaciones de vulnerabilidad.
El Ministerio explicó que, en las comunidades donde se decretó la emergencia de interés nacional o cualquier otra emergencia de protección civil, un aumento de precios motivado por la alta demanda podría constituir una infracción grave de la normativa de consumo. Por no hablar de que es completamente inmoral.
Las sanciones para este tipo de prácticas, en concreto, pueden alcanzar hasta los 100.000 euros o, en su defecto, ser equivalentes a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.
Una investigación por delante para averiguar la verdad
En este caso, la investigación que ha anunciado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 busca esclarecer si las denuncias de los usuarios tienen fundamento, es decir, si son demostrables y de verdad sucedieron en el transcurso de los hechos cuando volvió la luz, y también si las empresas implicadas incumplieron la normativa y optaron por aprovecharse de la situación de emergencia.
Parece lógico entender que este tipo de prácticas vulneran los derechos de los consumidores, que tienen que hacer frente a una situación especialmente compleja, como la que vivieron miles de personas sin poder volver a sus casas, o sin poder comunicarse con sus familias, y además asumir una subida en los precios de servicios que pueden ser completamente necesarios en un momento así.
Y de igual forma en caso de que fuese las horas de después del apagón, teniendo en cuenta que hubo gente que tuvo que dormir fuera de casa, y volver al día siguiente, que se quedaron atrapados en trenes, o en estaciones y que tardaron mucho más tiempo que el apagón en sí hasta que su vida volvió a la normalidad.