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El Gobierno rescinde el contrato de compra de munición adjudicado a una empresa israelí

Fuentes del ejecutivo aseguran que la decisión se ha tomado “después de haber agotado todas las vías negociadoras” y afirman estar estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a 11 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan, archivo)

El Gobierno ha decidido rescindir de manera unilateral el contrato de compra de más de 15 millones de balas para la Guardia Civil adjudicado a la empresa israelí IMI Systems. Fuentes del Ejecutivo señalan que la decisión se ha tomado “después de haber agotado todas las vías negociadoras”.

Según señalan las mismas fuentes, la Junta de inversión de material de doble uso (que puede ser destinado a lo militar y civil) denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país “por razones de interés general” y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato, valorado en 6,6 millones de euros. La abogacía del Estado y los ministerios competentes afirman que ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones que pueda realizar dicha empresa.

Aviso de ruptura en la coalición

En respuesta a los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza como respuesta a los ataques terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre, el Gobierno de coalición acordó que España no comprará ni venderá armamento a las empresas israelíes. Sin embargo, la formalización del contrato de compra publicado la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado, abrió una crisis interna entre los socios minoritarios de Sumar con la parte socialista del Gobierno.

El partido que lidera Yolanda Díaz pidió la rectificación del Gobierno, pero Interior argumentó que la negociación estaba demasiado avanzada para su interrupción. Izquierda Unida, formación integrada en Sumar y que lidera un ministerio, decidió ir más allá y llegó a abrir la puerta a su salida del Gobierno si la cartera que lidera el socialista Fernando Grande-Marlaska no anulaba el proceso de compra.

El Gobierno defiende que los procesos de compra que siguen abiertos “se iniciaron antes de dicha fecha” pero ha subrayado que, los que sean armamento, “no se van a ejecutar”.

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