Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya llevan, en algunas ciudades, varios años en operativo. No sin falta de polémica, ya que los tribunales se han encargado de que su puesta en marcha fuera acorde a la ley. Sin embargo, en algunas ciudades, no ha sido así.
De este modo, los juzgados han dado varapalo tras varapalo a las ZBE, que ahora afrontan unas semanas comprometidas en toda España. Y eso que, según la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el aumento de estas zonas “va mejorando, más allá del redil de municipios negacionistas, cuyos alcaldes hacen gala de no implantarlas pese a los daños para la salud por la contaminación”, ha dicho a EFE.
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A día de hoy, solo un tercio de estas áreas con restricciones que deben funcionar en más de 160 ciudades están en vigor, cuando deberían haber estado todas implantadas desde 2023, cuando entró la Ley de Cambio Climático.
Injustas o discriminatorias
La realidad es que los ayuntamientos se enfrenta a serias dificultades para poder ponerlas en marcha, ya que los votantes de cada municipio se oponen a la prohibición de circulación para miles de coches. Además, muchos colectivos vecinales y asociaciones de automovilistas han denunciado esta ordenanza municipal.
En este sentido, ciudades como Madrid, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife o Gijón se han enfrentado a las complicaciones jurídicas producidas por sentencias que han terminado por anular de forma temporal o permanente algunas ZBE.
Entre los motivos más significativos estaban la consideración de encontrarlas injustas y discriminatorias, además de no estar lo suficientemente bien señalizadas. En algunas, incluso se han paralizado las multas y el Ayuntamiento podría estar obligado a devolver el importe de las denuncias.
“Tienen los días contados”
Esta situación se agrava con la reciente decisión del país vecino, Francia, de eliminar todas las ZBE, argumentando que penalizan a los hogares de bajos ingresos.
En este contexto, el presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), Pedro Martínez de Artola, ha asegurado que se “abre una nueva abolición de la ZBE, ya que coincide con los argumentos que defendemos en los recursos presentados en San Sebastián y Bilbao”.
“Por rectificación política o por vía judicial, las ZBE tienen los días contados también por aquí”, ha señalado el presidente de la asociación, señalando que estas zonas han demostrado ser “clasistas y perjudiciales”, especialmente con los más vulnerables.
De este modo, en los recursos judiciales que el RACVN emprendió contra las ZBE de Bilbao y San Sebastián, se alegó la “falta de proporcionalidad de las restricciones y el ataque a un derecho fundamental como la libertad de movilidad”, denunciaron desde el organismo.
Por eso, desde el colectivo se pidió que las dos capitales vascas “utilicen el sentido común, den marcha atrás en sus proyectos y no engañen a la población, ya que la Unión Europea no obliga a instalar las ZBE, sino a tomar medidas contra la contaminación”.
Y es que, desde muchos puntos de vista, las ZBE en Francia están vistas como una medida que afecta a diario a millones de conductores. Eso sí, la eliminación de las ZBE ha llegado como una propuesta, tras el trabajo especial de una comisión para aprobar una nueva ley de simplificación de la vida económica en el país.