Jubilación anticipada para funcionarios España: quién puede pedirla y cuáles son los requisitos

Estas son las condiciones para que empleados públicos puedan abandonar su actividad antes de los plazos previstos para la generalidad de trabajadores

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Pensionista revisando su prestación (Adobe Stock)

La jubilación anticipada para funcionarios incluye condiciones específicas según el régimen al que pertenezcan y la fecha de ingreso en su puesto. En general, es posible acceder a este derecho antes de la edad ordinaria siempre que se cumplan ciertos requisitos básicos.

Funcionarios en clases pasivas

Los funcionarios incluidos en el Régimen Especial de Clases Pasivas, correspondiente a quienes ingresaron antes del 1 de enero de 2011, cuentan con ventajas significativas:

  • Edad mínima: pueden jubilarse a los 60 años, siempre que acrediten al menos 30 años de servicio efectivo al Estado.
  • Pensión completa: la cuantía no se ve afectada por penalizaciones en caso de jubilación anticipada.
  • Requisito adicional: deben haber cotizado los últimos cinco años en el Régimen de Clases Pasivas, según lo establece el Real Decreto 691/1991.

Además, este régimen permite computar cotizaciones en sistemas de seguridad social extranjeros, siempre que estos se incluyan en convenios bilaterales o reglamentos comunitarios.

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Cuerpos especiales dentro de clases pasivas

Algunos colectivos tienen condiciones específicas:

  • Profesores universitarios, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y registradores de la propiedad: pueden jubilarse anticipadamente a los 65 años.
  • Trabajadores de las Cortes Generales: tienen derecho a jubilarse a los 60 años o cuando acrediten 35 años de servicio.
Jubilación antes de los 65 y sin recortes: así es la propuesta de Podemos para los que cotizaron más de 40 años.

Funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social

Los empleados públicos incorporados a partir del 1 de enero de 2011 están sujetos al Régimen General de la Seguridad Social, con normas similares al resto de los trabajadores:

  • Edad de jubilación anticipada: hasta dos años menos que la edad ordinaria exigida en el momento de la jubilación.
  • Cotizaciones mínimas: deben haber cotizado al menos 35 años, con dos años dentro de los 15 inmediatamente anteriores a la solicitud.
  • Penalización: se aplica un coeficiente reductor sobre la pensión por cada trimestre de anticipación respecto a la edad ordinaria.

Cálculo de la pensión

El sistema utilizado para calcular la pensión varía entre ambos regímenes:

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  • Clases Pasivas: se aplica un porcentaje sobre los “haberes reguladores” fijados en los Presupuestos Generales del Estado. Este porcentaje varía desde el 1,24 % (por un año de servicio) hasta el 100 % (por 35 años o más).
  • Régimen General: se utiliza la Base Reguladora, alcanzando el 100 % tras cotizar 35 años y medio (o 37 años a partir de 2027).

En ambos casos, el tiempo trabajado y la categoría profesional son determinantes en el cálculo final.

Jubilados (Adobe Stock)

Reforma de las pensiones

La reforma de 2011 introdujo cambios significativos, como el aumento progresivo de la edad de jubilación ordinaria a los 67 años para 2027, salvo para quienes acrediten 38 años y medio de cotizaciones, que podrán jubilarse a los 65 años sin penalización.

Además, la base de cálculo de las pensiones se amplió, pasando de los 15 a los 25 años de cotización. Esta medida afectaba a aquellos que se jubilaran después de 2013, ya que el cálculo de la pensión dependería de los últimos 25 años trabajados, en lugar de los 15 anteriores.

La reforma introdujo también un sistema de revalorización anual de las pensiones, basado en la evolución de la economía y de la inflación.

Por último, se introdujeron nuevos mecanismos para la jubilación anticipada, con la posibilidad de adelantar la jubilación, pero con penalizaciones en la cuantía de la pensión, y aumentaron las prestaciones para las pensiones de viudedad.

Complementos y planificación

Para complementar la pensión, muchos funcionarios recurren a planes de pensiones. Estos productos financieros pueden ser una herramienta eficaz para garantizar un ingreso adicional al concluir la vida laboral, teniendo en cuenta las posibles reducciones aplicables en el Régimen General.

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