
El 24 de octubre de 2019, España se paró durante unos minutos. Ya fuera por televisión, a través de las redes sociales, con la radio de fondo o siguiendo los diarios en línea, los españoles fueron testigos de como el féretro del dictador Francisco Franco abandonaba el Valle de los Caídos (ahora Valle de Cuelgamuros), donde había estado su tumba durante más de 43 años. Todos pudieron seguir del paseo a hombros de sus familiares desde el interior de la basílica hasta el coche fúnebre. En ese preciso momento, las cámaras captaron e inmortalizaron como el prior administrador del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, bendecía el cadáver del caudillo que había secuestrado la libertad de un país durante 40 años y capitaneado un régimen que asesinó a miles de españoles en todo el territorio.
Una vez montado en el vehículo, el ataúd con los restos del dictador se dirigió hacia helicóptero del Ala 48 del Ejército del Aire que le escoltó hasta el cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo. Allí, fue de nuevo inhumado en un panteón, donde yace junto a su esposa Carmen Polo y lejos de las 33.847 víctimas de la guerra de la Guerra Civil a las que sacaron de enterramientos y fosas comunes para enterrar el Valle sin el permiso de los familiares en la mayoría de los casos y del recinto construido en buena parte por presos políticos republicanos que trabajaron como mano de obra penada para conmemorar el vigésimo aniversario de su victoria en la guerra.
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Ese es el resumen de la operación -que costó a los españoles casi 160.000 euros- pero hay pequeños detalles que muchos ojos no han olvidado. Es el caso de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y nieto de primera víctima desaparecida durante la represión franquista que fue identificada mediante una prueba de ADN. Para Silva, aquel día fue “una especie de segundo funeral de Estado”. “Una vergüenza”, matiza.
Aquel día, el dictador salió franqueado sobre sus nietos y bisnietos que vestían de luto, igual que el resto de asistentes al evento, entre los que se encontraban de tres altos cargos del Gobierno: la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado; el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio J. Hidalgo; y el secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños. “El Gobierno no lo tendría que haber consentido, por lo que significa en nuestra cultura salir a hombros, como el que ha hecho una gran faena”, denuncia Silva.
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Sobre el féretro descansaba una corona de laureles -la planta con la que se reconocían a los generales y emperadores en la Antigua Roma y con la que se laureaba a los ganadores olímpicos en la Antigua Grecia-, con una cinta con la bandera de España y la inscripción: “Tu familia”. De modo que, ahí estaba Franco, saliendo con honores -en palabras de Silva- del Valle de los Caídos de un modo sobrio, pero simbólico. “Fue una falta de cultura democrática y de sensibilidad, y una demostración de fuerza de la familia muy lamentable”, tilda el nieto de un desaparecido que no corrió ni de lejos la misma suerte que los descendientes del dictador, que siempre han sabido donde estaban los restos de su abuelo -que no en una cuneta o fosa común-, que pudieron llorarle públicamente -al contrario que los familiares de los fusilados- y que murió en una cama a una edad avanzada -y no como víctima de un pelotón de fusilamiento-.
No, los fusilados desaparecidos, aquellos cuyos descendientes ven pasar los días esperando dar con sus restos, con una intervención económica mínima por parte del Estado, no han tenido esa suerte. La mayoría siguen perdidos en la tierra, esperando descansar en un cementerio, bajo una losa en la que ponga su nombre, aunque la realidad es que muchos no lo harán nunca porque ese era el objetivo cuando les mataban y enterraban, que no fueran encontrados.
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De vuelta a los detalles, el nieto mayor de Franco, Francis Franco, llevó una bandera franquista al recinto, algo que ya habían avisado desde el Gobierno, estaba prohibido en base a la Ley de Memoria. De este modo, no permitieron que entrasen con la enseña franquista y tuvieron que dejarla a la entrada. No obstante, la bandera con el águila apareció después en Mingorrubio, cuando llegó el ataúd Franco.

Mingorrubio, el mausoleo fuera del Valle
De aquel día han pasado ya cinco años. Desde entonces, el cuerpo del dictador ha permanecido en el camposanto de Mingorrubio, en un panteón familiar que pertenece al Estado y que cuesta a los españoles 768 euros mensuales (9.225,9 euros al año) entre gastos de vigilancia y seguridad, administración y limpieza, según la respuesta que el Gobierno le proporcionó al senador Carles Mulet (Compromís) en abril de 2023.
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Ahora, el panteón donde descansa el dictador se presenta como una especie de horror vacui de símbolos franquistas, estampitas, flores y banderas. Para Silva, se ha convertido en “un altar fascista a la gloria de un dictador”, y recuerda que “muchas de sus víctimas fueron enterradas en cunetas y están desaparecidas, mientras que él está ahí, en un panteón de propiedad pública”. “Cuando empezamos a pedir la salida de Franco del Valle de los Caídos, lo que queríamos era no pagar con nuestros impuestos la tumba de un dictador y cinco años después, lo seguimos haciendo”, sentencia.
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