Un juzgado de Ceuta ha declarado como “ilegales” las devoluciones de migrantes en el mar, a raíz de una denuncia presentada por tres organizaciones en contra de esta práctica en la frontera de Ceuta como consecuencia de la devolución de dos personas que entraron a nado en la ciudad.
Las asociaciones denunciantes, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, explican en un comunicado que el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ceuta ha dictado dos sentencias sobre la figura jurídica del rechazo en frontera, comúnmente conocida como devolución en caliente. Desde que la ley de protección de la seguridad ciudadana introdujo esta figura jurídica, critican, “el Ejecutivo la ha aplicado en Ceuta y Melilla sin límite geográfico, no solo en el perímetro fronterizo de la valla, sino también en el mar, en islotes y archipiélagos o en el centro de la ciudad”.
“Esta sentencia es un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes”, indica Francesca Fusaro, miembro de No Name Kitchen, que añade: “El no respeto de estos derechos humanos por parte de las autoridades pone en riesgo la vida de miles de personas en el mar, con el resultado de muchas muertes y desapariciones sin respuesta”.
Por su parte, Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, ha mostrado su preocupación por las “devoluciones en caliente, ya que se trata de prácticas que “cercenan los derechos de las personas migrantes”. “El Estado de Derecho es más sólido cuando ampara los derechos de las personas más vulnerables”, asegura.
Sin asistencia letrada ni intérprete
En los asuntos analizados por el mencionado juzgado ha quedado acreditado que los litigantes fueron interceptados por la Guardia Civil en el mar mientras trataban de acceder a la costa ceutí y, posteriormente, fueron devueltos a Marruecos “sin haber podido tener asistencia letrada ni intérprete”, recuerdan las asociaciones. Estas entradas por vía marítima son una constante en la ciudad de Ceuta, aseguran, con especial intensidad en los últimos meses, “por lo que estas resoluciones proporcionan el marco jurídico con el que debe actuar la Delegación de Gobierno en las devoluciones de las personas”. Y, aunque las resoluciones no son firmes todavía, “suponen un avance en el reconocimiento de la irregularidad de estas prácticas y de los derechos que tienen las personas que acceden a territorio español”, insisten.
En ese sentido, Javier Moreno Gómez, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes, destaca la importancia de que existan “mecanismos suficientes y eficaces para que dichas actuaciones sean prevenidas por un lado y rindan cuentas de su actuación sin someter necesariamente a una persona a un procedimiento judicial”.