El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado el “rechazo total” del Gobierno hacia la Ley para la Propagación de la Virtud impuesta por los talibanes en Afganistán, que obliga a las mujeres a guardar silencio en público. “Condenamos toda vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas”, ha expresado el responsable de la diplomacia española en un mensaje publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter).
“Casi tres años de opresión y agravio a las mujeres bajo la barbarie del régimen talibán. No nos olvidamos de todas aquellas que ven sus libertades coartadas cada día”, ha declarado también la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
El Gobierno de facto de Afganistán ratificó una ley que impone la obligatoriedad del uso del velo para cubrir el rostro de mujeres, y condena el sonido en público de la voz de mujer como una falta contra la modestia, implementando la interpretación más rigurosa de la ley islámica.
35 capítulos: desde imponer el velo hasta prohibir la voz de la mujer
La ley relativa al Ministerio de la Virtud y Vicio, fue ratificada este viernes por el Emirato Islámico de Afganistán, como se denomina el régimen de facto de los talibanes. La norma consta de 35 artículos, que Efe ha podido leer, y contiene cuatro capítulos que abordan cuestiones como el velo integral o hiyab para mujeres, la vestimenta de los hombres, y regulaciones de los medios de comunicación.
”De acuerdo con esta ley, el Ministerio está obligado a ordenar el bien y prohibir el mal [...] y también es responsable de la paz y la fraternidad entre la gente”, indicó el portavoz del Ministerio de Justicia, Barkatullah Rasooli, en una declaración publicada este viernes por el canal afgano Tolo News.
Además, el temido Ministerio deberá “impedir a la gente participar en prejuicios étnicos, lingüísticos y regionales”, agregó. En el artículo que se refiere al hiyab, la norma establece como necesario que las mujeres se cubran el rostro y el cuerpo para evitar “causar tentación”, y evitar el sonido en público o de la voz en alto de mujeres, incluyendo cantar, recitar, o hablar frente a micrófonos. Asimismo prohíbe a los conductores transportar mujeres adultas sin un tutor masculino legal.
Afganistán se encuentra sumido en una crisis humanitaria y una profunda crisis económica que se ha agravado aún más desde la entrada de los talibanes a Kabul, que el pasado 15 de agosto cumplió tres años. La supuesta moderación con la que se presentaron algunos líderes tras su regreso pretendió obtener el reconocimiento de la comunidad internacional, pero de puertas para adentro nada más lejos de la realidad.
El régimen de facto ha impuesto cada vez más restricciones a los derechos fundamentales de los afganos, esencialmente contra las mujeres y las niñas. Según afirma Amnistía internacional, el fin de ello es hacerlas desaparecer por completo de la vida pública.
Pero no se trata solo de leyes, sino de arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos que han quedado totalmente impunes. Una represión sistemática que han llevado a asociaciones de derechos humanos y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) a denunciar que se estarían produciendo crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos de género.
Tres años de leyes draconianas para hacer desaparecer a la mujer
En junio y julio de 2023, más de 4.500 mujeres fueron despedidas de sus empleos en el sector educativo, según el último informe anual de Amnistía internacional. Además, en junio de aquel año, las ONG internacionales, incluidos los programas liderados por UNICEF, recibieron la orden de cesar la educación comunitaria y transferirla a organizaciones locales. Las restricciones a la educación de las niñas se intensificaron, prohibiéndoles continuar con cursos más allá de la enseñanza primaria.
En algunas provincias, como Herat, las autoridades talibanas han impuesto aún más restricciones, como la prohibición de que las mujeres acudieran solas a restaurantes. También se mantuvo la prohibición de que las mujeres participaran en actividades deportivas o visitaran parques públicos.
Un mes antes, en abril, los talibanes ampliaron la prohibición a las mujeres de trabajar fuera de casa con los empleos en la ONU, lo que complicó la distribución de ayuda humanitaria. La prohibición de trabajar en el sector público continúa, salvo en sectores específicos como la sanidad, la educación primaria y ciertas instituciones de seguridad como aeropuertos y cárceles de mujeres.
Las mujeres también se han enfrentado a la prohibición de aparecer en público sin acompañante masculino o de viajar más de 72 km solas. Además, se ordenó el cierre de salones de belleza a partir de julio, afectando a unos 60.000 negocios de propiedad femenina, según informes de la ONU.
*Noticia con información de EFE
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