De La Rioja a Murcia: la desigualdad crece en la financiación de las comunidades autónomas mientras Cataluña acapara el debate

El sistema de financiación de las comunidades autónomas (SFA) tiene el objetivo de aportar los recursos necesarios para que las regiones del régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) puedan costear un nivel uniforme de servicios públicos, pero la multitud de ajustes para nivelar la financiación dan como resultado unas comunidades autónomas (CCAA) mejor financiadas que otras. Las diferencias se repiten año tras año y resulta paradógico que durante 2022, año de recursos récord en el sistema por el aumento de los ingresos tributarios, creciera la desigualdad en el reparto en comparación con años anteriores.

Esta evolución se observa en los cálculos que publica anualmente Fedea a partir de las liquidaciones del SFA de Hacienda, en los que analiza la financiación efectiva a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal para las CCAA del régimen común. Según sus cifras, La Rioja fue la mejor financiada, contando con 3.954 euros por habitante ajustado, lo que supone un índice del 117,5 respecto al 100 que representa la media. Si se compara con la región peor financiada, Murcia, con 3.056 euros y un índice de 90,8, la diferencia es de 26,7 puntos. La Rioja dispuso de 898 euros más por unidad de necesidad en 2022 que Murcia, una desigualdad que se ha agravado.

De 2018 a 2021, la brecha entre la comunidad autónoma mejor financiada cada año y la peor se ha mantenido por debajo de los 25 puntos, y en años anteriores fue superior. En 2015, primer año para el que Fedea publica estos cálculos, Cantabria tuvo una financiación 30,9 puntos superior a la de la Comunidad Valenciana, la región a la cola. Lo más llamativo de 2022 es que la disparidad aumentó a pesar de que se repartieron recursos récord a través del SFA, 149.530 millones de euros de financiación efectiva a competencias homogéneas (un 13,8% más que en 2021) debido a la buena evolución de los ingresos tributarios.

Lo que ha sucedido es que estos recursos han ido más a parar en términos relativos a las CCAA que ya estaban mejor financiadas. Así lo demuestra el hecho de que la mayor parte de las CCAA financiadas por encima de la media han incrementado su índice en 2022, especialmente La Rioja (4,8 puntos más), Aragón (3,2), Islas Canarias (2,7), Extremadura (2,3) y Cantabria (1,8). Mientras que el índice ha descendido en las regiones con financiación media, Madrid (-2,1) y Cataluña (-0,8), y ha empeorado ligeramente en algunas a la cola de financiación, como la Comunidad Valenciana (-0,3).

Según señala el documento, esto se debe a “la evolución diferencial de los ingresos tributarios regionales” (influidos por las bajadas de impuestos de algunas autonomías en 2022) y a la distribución de los distintos fondos del sistema, afectados en parte por el “fuerte incremento” del Índice de Ingresos Tributarios del Estado, variable que define el Fondo de Suficiencia. Los fondos canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos, pero algunos no cumplen con el objetivo para el que fueron diseñados. El Fondo de Garantía, el principal del sistema, redujo “enormemente” las disparidades de recursos entre regiones, señala Fedea, bajando la diferencia entre índices de financiación hasta los 7,5 puntos, pero los fondos de Suficiencia, Cooperación y Competitividad alteran el reparto inicial y aumentan la dispersión hasta la foto final.

Esta desigualdad la permite el propio sistema porque no establece que todas las CCAA tengan que percibir el mismo importe de recursos per cápita. Además, en los criterios de reparto de los fondos minoritarios prevalece la cláusula del statu quo, es decir, que las regiones no pueden recibir menos recursos de los que percibían con modelos anteriores al de 2009, de manera que se han terminado replicando desigualdades ya existentes con anterioridad.

Debido a esto, las regiones que siempre están por debajo de la media en financiación ajustada (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha) piden al Gobierno un fondo de nivelación que compense los desajustes mientras no se reforme el sistema, algo que Fedea cifró en un coste de 3.277 millones de euros a cargo del Estado. No obstante, Hacienda lo rechazó totalmente en enero de 2024. Si una región está siempre infrafinanciada, termina generando más déficit porque necesita hacer más esfuerzo para prestar los servicios públicos.

Solo Cataluña y otras dos CCAA aportan más de lo que reciben

La situación avanza en el sentido contrario hacia una mayor igualdad, mientras la financiación singular de Cataluña acapara todo el debate. Tampoco hay rastro de la prometida condonación de la deuda con el Estado, un lastre importante en varias de las CCAA peor financiadas como la Comunidad Valenciana. Además, la salida de Cataluña del sistema común para adoptar un modelo parecido al concierto vasco y al convenio navarro provocaría una reducción de los recursos a redistribuir entre las regiones.

Según calcula Fedea, el SFA aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de 24.141 millones de euros en 2022. De estos, 14.313 provienen del Estado y 9.828 de las comunidades con mayor renta per cápita. La mayor aportación la hace Madrid (7.395 millones), seguida de Cataluña (2.088) y de Baleares (345). Solo estas tres regiones son aportantes netas al sistema, las otras 12 CCAA no tienen capacidad fiscal para cubrir sus necesidades de gasto. Si una de las contribuyentes netas, Cataluña, deja de aportar o aporta menos, como sugiere el pacto entre el PCS y ERC a través de una cuota de solidaridad sujeta al principio de ordinalidad, habrá menos dinero para nivelar las desigualdades, a no ser que el Estado decida subir impuestos o emitir más deuda para cubrir la falta.

El último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) terminó sin ningún avance para reformar el modelo de financiación común, caducado desde 2014, porque la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supedita cualquier propuesta del Gobierno a un pacto previo con el PP. Fuentes de Moncloa señalan que la intención del Ejecutivo es “que se pueda atender la singularidad de cada CCAA” en un hipotético nuevo modelo sobre el que ni siquiera se está debatiendo, mientras que la financiación singular de Cataluña ya tiene un boceto pactado sobre la mesa.