El Gobierno ha elevado el tono contra Juan Carlos Peinado, el juez instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Ejecutivo. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha subrayado este martes que la causa no es judicial, sino “una causa política, alentada por la derecha y ultraderecha”. “Solo tiene un objetivo claro, que es atacar al Gobierno, a su familia y erosionar al Gobierno progresista”, ha señalado en alusión a la citación de Pedro Sánchez como testigo para el próximo 30 de julio.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha sostenido que Sánchez todavía “no ha sido notificado”. Y, de cara a la citación judicial de Sánchez ante la investigación abierta a su mujer por presunto tráfico de influencias y presunta corrupción, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que hay dos recursos presentados (por parte de la defensa de Gómez y por la Fiscalía), por lo que sería “lógico ver cómo se resuelven esos recursos”.
En Moncloa insisten en la teoría de que el caso Begoña Gómez es fruto de la “frustración” del PP por los resultados de las elecciones generales de hace justo un año, “donde más de 12,5 millones de españoles dijeron alto y claro no a un gobierno del PP y Vox, y sí a un gobierno progresista”, ha arremetido la también ministra de Educación y Deporte. En este sentido, el Gobierno insiste en que los populares, que no han sabido “aceptar” el resultado de las urnas, “ha hecho una estrategia basada en el odio, en la rabia y en la ira” durante todo este año.
El Gobierno pide que el respeto sea “bidireccional”
Alegría ha vuelto a recordar que la causa judicial parte de una denuncia “con recortes de prensa, con bulos, con la denuncia de pseudosindicatos de la ultraderecha”. Asimismo, ha hecho énfasis en los dos informes de la Guardia Civil “que desmontan esta denuncia falaz”. Y, de igual manera, ha dicho que este mismo martes se ha conocido que la Fiscalía Europea no acepta que Vox sea acusación popular en la investigación que dirige sobre una parte del caso Begoña Gómez, centrada en varios contratos públicos adjudicados por la entidad Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés.
Preguntada sobre si el Gobierno ha roto su neutralidad tras las aseveraciones contra el juez Peinado por esta causa judicial, Alegría ha defendido que “este Ejecutivo siempre ha sido respetuoso con la separación de poderes”, toda vez que ha pedido que este respeto sea “bidireccional”.
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