Un okupa llama a la policía porque cuando volvió a su casa la habían ‘reokupado’ otras cuatro personas

Hace poco, en Infobae España informamos de un caso en el que un okupa llamaba a la policía para denunciar que el dueño del piso no dejaba de molestarle. Este tipo de casos, por atípicos que sean, siempre muestran algunos aspectos realmente curiosos sobre cómo funciona el mundo de la ocupación de pisos, dejando también anécdotas tan curiosas como las que han vivido hoy los vecinos de Tudela, en Navarra.

La historia comenzó durante el mediodía de este jueves, cuando la Policía Local recibió una llamada de alguien que informaba de que su domicilio había sido invadido por otras personas. Los agentes identificaron a la persona que había hecho la llamada, y hasta a cuatro personas que, efectivamente, se encontraban dentro del lugar. Al hacerlo, se dieron cuenta de que el demandante también era un okupa que se hallaba en esa casa con anterioridad, solo que había tenido que abandonar la vivienda al tener que pasar una noche en el calabozo.

De este modo, tal y como explicaron medios locales durante la mañana del viernes, los policías incluso tuvieron que mediar entre los cinco okupas para que la situación se calmara, logrando finalmente que fuera el más antiguo de ellos, el que había hecho la llamada, el que se quedara solo ya en el interior del lugar de los hechos.

Por extraño que pueda parecer esto, lo cierto es que los okupas tienen derecho a la inviolabilidad del domicilio, algo que significa que nadie puede entrar en la propiedad ocupada sin su consentimiento o sin una orden judicial. En el caso de que se trate del propietario del inmueble quien trata de entrar se cumple lo mismo, solo que si el lugar ocupado es la vivienda habitual del mismo, tiene derecho a que se produzca un desalojo en las 48 horas siguientes a la ocupación, pues se considera un allanamiento de morada. Esto también conlleva que no se pueda cortar el suministro de agua, luz o gas sin, de nuevo, una orden judicial, ya que sería penado como delito de coacción.

Además, aunque en este caso no haya sido necesario, los okupas también cuentan con derecho a la asistencia jurídica gratuita, tal y como explica la empresa experta de desalojo legal de okupas D.I.O Express en su página web. “Esto significa que pueden solicitar un abogado de oficio para defenderse en el proceso judicial de desalojo o en cualquier otro procedimiento penal o civil que les afecte”.

Aún así, hay que decir que la mayor parte de las competencias en ese sentido están en manos de las comunidades autónomas, así que dependiendo de la región las personas se pueden encontrar con legislaciones diferentes en cuanto a su grado de rigor. Al margen de esto, las autonomías con más ocupaciones registradas en 2023 fueron Cataluña -6.258-, Andalucía -2.331-, la Comunidad Valenciana -1.660- y Madrid -1.516-.

El País Vasco, lugar donde han acontecido el suceso que hemos relatado, es una zona que experimentó en 2023 un crecimiento de las ocupaciones, subiendo un 11,8% respecto a 2022. Eso sí, estos datos incluyen tanto los allanamientos de morada como usurpaciones, siendo estas la que requieren un mayor tiempo para su resolución judicial al tratarse de pisos bancarios o pisos vacíos. Además, también es necesario añadir que la ocupación ilegal de viviendas se encuentra en mínimos históricos.