El 90% de las familias pagan por la educación concertada: hasta 1.600 euros al año por alumno

Los colegios concertados dan educación al 30% de los alumnos en España, pero exigen el pago de tasas que, por ley, no deberían existir

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Una niña cuelga su mochila en un perchero en Colegio público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista (A. Pérez Meca / Europa Press)
(Foto de ARCHIVO)
Una niña cuelga su mochila en un perchero en Colegio público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista (A. Pérez Meca / Europa Press) (Foto de ARCHIVO)

La legislación española es clara: los centros concertados no deberían cobrar cuotas por ofrecer enseñanzas que son “de carácter gratuito”, ni imponer a las familias “la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”. Y, sin embargo, el 90% de las familias que acuden a estos centros hacen frente al pago de cuotas. Con precios de entre 570 euros a los 870 euros anuales, el gasto total se encuentra entre los 950 y los 1.200 millones de euros.

Así lo revela un informe elaborado por Esade titulado El coste de acceso a la escuela concertada en España. Sus autores han tenido acceso a “microdatos únicos del Instituto Nacional de Estadística”. A partir de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE) y la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada (EFGEP), los investigadores han desarrollado un estudio que muestra la diversidad de la educación concertada en España, en la que apenas el 10% del alumnado hace frente al 45% del gasto.

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Las cuotas son más comunes y más caras en tres comunidades: Cataluña encabeza la lista, con una cuota media de 1.696 euros en los niveles analizados (segundo ciclo de educación infantil, Primaria y ESO). Es también la región en la que el pago está más estandarizado, pues está presente en caso el 100% de los centros. Le siguen Madrid (1.156 euros), donde el 90% de los alumnos pagan estas cuotas, y País Vasco (959 euros), donde entre el 92 y el 97% de los estudiantes han de hacer frente a estos gatos. En el otro lado del ranking se encuentra Andalucía, donde solo seis de cada diez estudiantes pagan cuotas (453 euros de media) y la Comunidad Valenciana (597 euros), autonomía en la que entre el 82 y el 87% de los alumnos pagan cuotas.

Entre la infrafinanciación y el beneficio económico

Los investigadores explican que existen tres razones principales tras el cobro de cuotas por parte de los colegios: la infrafinanciación, el pago de gastos no concertados (actividades fuera de aquellas financiadas por el Estado) y la diferenciación o beneficio económico del centro. Así, es en los colegios con menos financiación pública o en situación de infrafinanciación (menos de 200 euros por alumno) donde aumentan las probabilidades de cobrar cuotas. Xavier Bonal, coautor del informe, señala que “formalmente, cualquier cuota es ilegal”, pero esa falta de financiación “justifica” el cobro e impone una “situación de alegalidad”.

No obstante, ocurre lo mismo en el lado contrario: el 30% de los colegios están sobrefinanciados (más de 200 euros por alumno) y, sin embargo, tienen mayores probabilidades de cobrar cuotas. En este porcentaje, de hecho, se encuentran los precios más elevados. Así, si el 20% de los colegios tienen un resultado económico negativo o esencialmente cero, hasta el 75% del total cobran cuotas.

Esto sucede especialmente en los colegios de más de 500 alumnos (90%), mientras que en los medianos y pequeños es algo menos común (60-70%). La cuota media también es mayor a mayor número de alumnos en todas las etapas educativas analizadas: los precios van de los 819 euros en Primaria hasta los 900 euros en los cursos de la ESO en los centros más grandes.

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Distribución de los centros concertados según las razones tras el pago de cuotas (Esade)
Distribución de los centros concertados según las razones tras el pago de cuotas (Esade)

Así, la falta de financiación no es la única razón (ni la de mayor peso) para proceder a estos cobros, especialmente en los colegios con más alumnos. La mayor parte de este dinero se destina a sufragar los gastos no concertados, mientras que menos de un tercio de los colegios (entre el 15 y el 17%, según la etapa educativa) buscan beneficios económicos o diferenciación de otros centros.

La situación varía en las comunidades autónomas

Pero este mapa general cambia dependiendo de la región que se observe. Cataluña, por ejemplo, es la comunidad autónoma con mayor desigualdad de financiación entre sus centros concertados. así, cerca de la mitad de estas instituciones cobran cuotas para compensar una situación de infrafinanciación. En el otro extremo, entre un 25% y un 33% de los centros exigen estos pagos para obtener niveles de distinción o beneficio económico.

En la Comunidad de Madrid, existe una relación muy fuerte entre el cobro de cuotas y el resultado económico: son los centros mejor financiados los que tienen una mayor probabilidad de cobrar y las cantidades suelen ser más altas (entre 460 y 560 euros por alumno). Además, existe una proporción muy baja de centros infrafinanciados. Es también importante el tamaño del centro.

Algo similar ocurre en la Comunidad Valenciana. Se caracteriza por tener un gran número de centros con niveles de financiación intermedia (unos 200 euros por alumno), pero son los mejor financiados los que más suelen cobrar a las familias, si bien la situación se atenúa en los cursos de la ESO.

Por su parte, el País Vasco se presenta para los investigadores como el “paradigma, simultáneamente, de un muy buen nivel de financiación combinado con unos elevados gastos no concertados”. Y es que las cuotas son generalizadas y superiores a la media, a pesar de tener una fuerte financiación pública, dedicada especialmente a todos los gastos no concertados del colegio.

Ocurre lo contrario en Andalucía: existe una financiación baja respecto a la media nacional y los gastos no concertados son bastante reducidos. Por ello, presentan el nivel más bajo de cuotas de entre todas las comunidades analizadas.

Las diferencias en las autonomías invita, según explica Bonal, a “aplicar políticas de bisturí”, adaptadas a la situación de cada región. De forma general, los autores proponen “auditar gastos no concertados, supervisar el coste de los comedores” y llevar a cabo una redistribución de la financiación, así como regular las aportaciones que realizan las familias. A su vez, piden una mejora de la información que promueva “estudios del coste del puesto escolar”.