El desacuerdo continúa entre los agentes sociales y el Gobierno en torno a las modificaciones legales para el acceso a la jubilación parcial. La propuesta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realizó hace unas semanas fue rechazada tanto por los sindicatos como por la patronal y este lunes se han debatido alternativas, aunque el Gobierno no se mueve de su postura inicial. Según han informado UGT y CCOO a la salida de la reunión, han pedido al Gobierno adelantar cuatro años la edad de acceso a la jubilación parcial anticipada respecto a la ordinaria vigente en cada momento. Algo que permitiría volver al escenario anterior a 2011, cuando se fijaron los dos años actuales.
Esta es la petición principal, pero los sindicatos también plantean otros dos cambios en la propuesta del ministerio para que sea posible llegar a un acuerdo. En primer lugar, según ha explicado la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, piden al Gobierno que se pueda seguir acumulando la jornada, lo que permite que un jubilado parcial concentre en unos meses todo el tiempo que le quede por trabajar y después se retire. El Ministerio planteó eliminar esta opción, que aumenta el periodo de cobro de la pensión completa.
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En segundo lugar, UGT reclama que la jubilación parcial anticipada sea compatible con el cobro del 100% de la pensión, sin introducir recortes. El planteamiento del ministerio es que en la modalidad extraordinaria de la jubilación parcial la prestación se calcula en el momento de la jubilación parcial, sin recalcularse al final, por lo que se aplican coeficientes reductores y disminuye la cuantía.
“Hemos sido contundentes”, asegura Estévez, en cuanto a que la reforma tiene que “mejorar”, no “empeorar” el acceso a la jubilación parcial anticipada y considera que de aplicarse el planteamiento de Seguridad Social generaría “desafección con el puesto de trabajo”. “El planteamiento del ministerio lo que hace a día de hoy es rebajar derechos en todas las modalidades”, ha afirmado. En la misma línea se ha manifestado Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO, recordando que la jubilación parcial ya fue imposible de acordar durante las negociaciones de la reforma de las pensiones. “Lo que quería el Gobierno era mantener los ajustes y los recortes de 2011 y de ahí no se ha movido todavía”, ha criticado.
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Junto con las peticiones mencionadas anteriormente, Bravo plantea la necesidad de mejorar el empleo de los trabajadores relevistas, los que entran para reemplazar a las personas que se acogen a la jubilación parcial anticipada. CCOO propone que tengan que ser contratados de manera indefinida y a tiempo completo para que el puesto de trabajo no sea “amortizable”, es decir, que desaparezca cuando finalice el periodo de tránsito de la jubilación parcial. “El Gobierno está lejos todavía de acercarse en esta materia”, ha reconocido.
Sin avances en coeficientes reductores
Otra área de fricción es la de aprobar un reglamento relativo a los coeficientes reductores para disminuir la edad de jubilación en trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos. Los agentes sociales y Seguridad Social han creado una mesa técnica específica para esta materia, “pero hay problemas para determinar qué colectivos pueden tener acceso”, según Bravo. El desacuerdo se produce en los indicadores objetivos para determinar cuando un trabajo se encuadra en las condiciones mencionadas, ya que el Gobierno considera demasiado subjetivos los que los sindicatos proponen para determinar los trabajos penosos.
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Este aspecto afecta especialmente a trabajos feminizados, como camareras de piso y trabajadoras de ayuda a la dependencia y ayuda a domicilio. Según Estévez, con la propuesta conocida este lunes “seguirían quedando fuera profesiones feminizadas con altos ratios de penosidad”, por lo que no se ha podido alcanzar un acuerdo.
En cuanto a la agilización de ciertas incapacidades temporales dando más protagonismo a las mutuas, el desencuentro se da entre los sindicatos y las patronales, ya que los primeros quieren acotar esta apertura a cuestiones traumatológicas en las que haya listas de espera elevadas en la sanidad pública, mientras que las empresas piden extenderlo a más casuísticas.