El Gobierno se ha llevado este viernes un duro golpe de la Comisión Europea. La reforma de las pensiones que llevó a cabo el ministro Jose Luis Escrivá disparará el gasto en este ámbito por encima del 15% del PIB en los próximos años. Para ser exactos, y según los cálculos de Bruselas, las medidas del Ejecutivo, junto al envejecimiento de la población, harán que el dinero destinado a estas prestaciones aumente hasta el 17,3% en 2050 y después caerá hasta el 16,7% en 2070. Esto da como resultado un gasto promedio del 15,2% del PIB entre 2022 y 2050, la barrera tomada como referencia en la reforma de las pensiones para decidir si será necesario que haya ajustes.
Ante estos datos, desde el ministerio de Seguridad Social han pedido que no se pierda de vista que el nivel de gasto que muestra el informe dice que el dinero invertido en pensiones se disparará un 15,1% del PIB en el periodo 2022-2050, “tan solo 0,1 puntos porcentuales por encima de la cifra de a previsión reflejada en nuestra ley de la reforma de las pensiones”, y recalcan que se trata “sólo de una parte de la fotografía para analizar el sistema público de pensiones”.
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Pero este dato del 15,1% lo calcula el ministerio de Economía con los datos del PIB derivados de la corrección del INE de septiembre de 2023, mientras que el informe de la Comisión utiliza los datos previos, que reflejan un menor volumen del PIB. Además, el Gobierno no tiene en cuenta -o no hace referencia- a los cálculos que la Comisión sobre el impacto de las medidas de aumento de los ingresos. Según Bruselas, estas permitirán un aumento de los recursos de 1,7 puntos porcentuales sobre el PIB hasta 2050 y de 1,1 puntos hasta 2070.
¿Por qué? Principalmente por el aumento de las cotizaciones sociales derivado del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI); el nuevo sistema de cotización para autónomos; la cuota de solidaridad y la subida de las bases máximas de cotización. La reforma de pensiones marca precisamente ese 1,7% como mínimo al que debe de llegar el impacto de los nuevos ingresos entre 2022 y 2050, pero al superar el gasto el promedio del 15% es posible que sea necesario un ajuste. El resultado entre los gastos y los ingresos es un aumento del déficit del sistema de hasta el 3,1% en 2053, que posteriormente se estabilizará en el 2,7%.
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Fase de “proyecciones de ingresos”
Lo que apunta el Gobierno es que ahora se entra en la fase en la que “se debe evaluar también las proyecciones de ingresos generados por las medidas”. E insiste en que “la reforma asignaba este rol a la AIReF, que emitirá sus conclusiones en 2025″. Es decir, el Gobierno pide esperar un año a conocer la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Para defender los ingresos, desde la cartera de Elma Sainz indican que las medidas no están todavía completamente desplegadas. Pero la cuestión es que el ajuste se decide con los cálculos de las proyecciones, no conforme se vayan aplicando medidas y tengan o no efecto. “Frente a la concepción clásica de endurecer los parámetros del sistema (por ejemplo, recorte de gasto), la reforma de las pensiones combinó de forma equilibrada elementos en la contención del crecimiento del gasto con medidas destinadas a reforzar los ingresos del sistema”, afirman desde el ministerio.
Y como no podía ser de otra manera, defiende la reforma. “Está dando resultados muy evidentes, a pesar de que las medidas no están desplegadas por completo. Las jubilaciones anticipadas se han reducido extraordinariamente (suponían más del 40% de las nuevas altas antes de 2020 y en lo que va de 2024 representan el 34,1%), mientras que las demoradas ya son 10,7%, frente al 4,8% que suponían antes de la reforma). Los ingresos por cotizaciones sociales crecen a un ritmo del 10% gracias a la buena marcha del mercado laboral, que ha vivido una enorme transformación después de la reforma laboral”, concluye.
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