El índice de precios de referencia para regular el precio del alquiler, una de las medidas estrella de la Ley de Vivienda, entrará en vigor el próximo viernes 15 de marzo, pero, por el momento, solo una comunidad autónoma, Cataluña, ha pedido aplicarlo en 140 zonas tensionadas.
Otras comunidades donde gobierna el PSOE, como Navarra o Asturias, se lo están pensando, igual que el País Vasco, según informó en la presentación del índice el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Respecto a la otra comunidad gobernada por el Partido Socialista, Castilla La Mancha, su presidente Emiliano García-Page no parece estar por la labor de implantar el índice.
Te puede interesar: Los alquileres caerán en picado con el nuevo índice de precios, aunque por ahora solo en Cataluña: el Gobierno pone como ejemplo bajadas de más de 800 euros
Tampoco las comunidades del Partido Popular tienen previsto solicitar zonas tensionadas. Este es el caso de Madrid, cuyo gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y su consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha reiterado en varias ocasiones que están en contra del índice y que no declararán zonas tensionadas en la región, al considerar que con esta medida se interviene el mercado y “lo único que conlleva es que suban mucho más los precios”.
Argumenta que el índice no funcionará como ha ocurrido en otras ciudades donde se ha aplicado: “Las prácticas que ha habido a este respecto han sido fallidas”. Pone como ejemplo los casos de Barcelona, París, Berlín y Escocia.
El sur contra el Ejecutivo regional
Tres municipios madrileños con alcaldes socialistas, Alcorcón, Getafe y Fuenlabrada, no se han resignado a la negativa del Ejecutivo regional y han pedido implantar el índice. La última en hacerlo ha sido la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, que ha solicitado de forma oficial que su municipio se declare zona tensionada. El Gobierno autonómico tiene tres meses para contestar y si rechaza esta petición, Testa ha anunciado que llevará a cabo una iniciativa legislativa a la Asamblea regional para plantear la petición con el apoyo de los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada.
Estas peticiones a la comunidad son necesarias porque los ayuntamientos no pueden aplicar los límites de contención de precios de las rentas. La potestad corresponde al Gobierno autonómico.
La iniciativa del ayuntamiento alcorconero tiene como objetivo poner freno a la subida de los alquileres, cuyo precio medio en el municipio se situó a cierre de febrero en 11,6 euros el metro cuadrado, según datos de Idealista, lo que supuso un incremento del 7,8% frente al mismo mes de 2022. Tras el dato de febrero, lidera los precios de las rentas de las poblaciones del llamado cinturón sur de Madrid.
Cataluña, la excepción
Cataluña es la única autonomía que ha avanzado en los trámites de la declaración de área de mercado residencial tensionado al solicitarlo para 140 municipios de la región en los que vive el 80,6% de la población.
Entre ellos destacan las capitales catalanas Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, y las principales poblaciones del Área Metropolitana de Barcelona, como Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Mataró o Santa Coloma de Gramenet, junto a Reus.
La Generalitat catalana, que anunció que presentará alegaciones contra el índice al considerar que su propuesta reflejaba mejor la realidad de la autonomía, ha afirmado que aplicará la contención de las rentas en cuanto sea legalmente posible.
Objetivo del índice: bajar las rentas
El nuevo índice, que entrará en vigor el 15 de marzo, tiene como objetivo establecer un control de precios del alquiler en zonas tensionadas y facilitar el acceso a la vivienda en renta, además de generar una bajada de precios donde se están produciendo movimientos especulativos por parte de los grandes tenedores de vivienda,
Consiste en un sistema de rango de precios de alquiler que establece precios máximos y mínimos a partir de las características que tengan las viviendas de esas zonas tensionadas, como la superficie, el estado conservación, si tiene ascensor o no, aparcamiento, año de construcción o zonas comunes.
Pero no todas las viviendas situadas en estas zonas se verán afectadas por el índice. Afectará al alquiler nuevo cuando el propietario de la vivienda sea un gran tenedor, esto es, que tenga más de 10 viviendas o cinco en la misma área tensionada, ya sea persona física o jurídica. En estos casos el precio máximo de la renta no podrá superar el índice.
También los pequeños propietarios de inmuebles en renta sufrirán una limitación de precios del alquiler cuando se trate de un alquiler nuevo de una vivienda que no ha sido alquilada en los últimos cinco años. En este caso, el precio máximo de los nuevos contratos tampoco podrá superar el índice, tanto si el casero es un gran tenedor o un pequeño propietario.
Mientras que en casos de alquileres nuevos de viviendas de pequeños propietarios, las rentas deberán mantenerse igual que el precio del contrato anterior, pudiendo incrementarse el porcentaje que corresponda a la actualización del alquiler, que este año es del 3%. En este caso, el casero podrá mantener el precio del alquiler anterior incluso si la mensualidad es más alta que el máximo indicado por el índice de referencia.