La falta de policía condiciona la seguridad de los pequeños municipios rurales: “En el día a día no dan abasto”

Muchas localidades dependen de las comandancias de la Guardia Civil, que a pesar de haber aumentado sus efectivos en los últimos años, cuentan con recursos limitados para cubrir el territorio con población dispersa

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Imagen de archivo de un anciano de la localidad turolense de Cubla. (EFE/Antonio García)
Imagen de archivo de un anciano de la localidad turolense de Cubla. (EFE/Antonio García)

Los pequeños municipios, que suponen el 84% de los que hay en nuestro país, tienen muchas dificultades para garantizar la seguridad de esos 5,7 millones de españoles que habitan en aldeas y pueblos, porque no tienen presupuesto suficiente para dotarse de policía local.

Sin Policía Local, muchos pueblos pequeños dependen de las comandancias de la Guardia Civil, pero lo cierto es que, aunque han aumentado sus efectivos en los últimos años, estos agentes cuentan con recursos limitados para cubrir un extenso territorio con poblaciones muchas veces dispersas.

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Esta situación está vinculada a la abundancia de pequeños municipios que padece España: 6.830 del total tienen 5.000 habitantes o menos, lo que según varias leyes los convierte en pequeños municipios, sobre un total de 8.131 ayuntamientos. Son cifras completamente desconocidas en los países de nuestro entorno.

Expertos como Francisco Javier Durán García, letrado del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), secretario de la Asociación de Letrados de Entidades Locales y autor del libro “La fusión de municipios como estrategia” (2016), coinciden en señalar que los municipios de menos de 5.000 habitantes no son viables.

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Ernest Buralla, alcalde de Algimia de Alfara, un municipio de la provincia de Valencia que cuenta con mil habitantes, explica a EFE que en materia de seguridad ciudadana dependen del cuartel de Estivella, que está a unos seis kilómetros y cuenta con catorce agentes cuando está completo y no siempre lo está.

“Esta comandancia se ocupa de unos nueve pequeños municipios. Mi municipio no tiene policía local, el presupuesto no alcanza”, añade. “Hemos tenido épocas difíciles, sobre todo cuando en el puesto de la Guardia Civil había solo un 30% de los efectivos. Todavía en las noches de verano hay gente hay gente a la fresca y puertas abiertas, pero eso se está acabando”, señala.

Agente de la Guardia Civil. (Archivo)
Agente de la Guardia Civil. (Archivo)

Las comunidades que padecen despoblación en algunos de sus territorios, como Castilla-La Mancha o Aragón, están a la cabeza en número de ayuntamientos. Castilla y León es la que se lleva la palma de lejos, con 2.248 municipios y una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 92 de media en el país. Además, Castilla y León concentra aproximadamente la mitad de los municipios de menos de 100 habitantes que hay en todo el país: aldeas casi desiertas en los fríos meses de invierno de Burgos o Soria.

La Guardia Civil tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana en los municipios menores de 10.000 habitantes (donde no hay Policía Nacional o autonómica). A ello, suma competencias en seguridad vial. Según el Atlas de Seguridad en España del Instituto Geográfico Nacional, la densidad de agentes de la Guardia Civil por número de habitantes varía en función de las provincias, pero en términos generales cabe estimar una media que se acerca a los trescientos agentes por cada cien mil habitantes.

Es un número similar al de policías por habitante en las áreas urbanas, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Política Territorial. Pero no es lo mismo atender a una población agrupada que cubrir un extenso territorio despoblado.

Queja de Aragón

La falta de agentes de la Guardia Civil y la creciente inseguridad en el mundo rural aragonés ha llevado a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, a enviar el pasado mes de enero una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar la falta de efectivos en la comunidad y solicitarle una reunión de urgencia.

En el escrito, Hernández señalaba que por la “especial configuración” de Aragón, con “un extenso territorio y una reducida densidad de población”, genera que parte del “patrimonio y la propiedad se encuentra expuesta a todo tipo de riesgos”.

El Justicia de Aragón elaboró hace un año un informe en términos muy parecidos a los utilizados por la consejera, en el que constataba la “sensación de inseguridad” que se vive en los pueblos de Aragón y la alta tasa de delitos, en especial contra el patrimonio en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

De los 731 municipios de Aragón, 674 tienen menos de 1.000 habitantes y solo 14 superan los 10.000. Zaragoza engloba más del 50% de la población. El informe recomendaba una mejor distribución de las fuerzas por el territorio, además de la instalación de sistemas de videovigilancia.

Comunidad Valenciana

En zonas rurales del interior de provincias costeras como Valencia o Alicante se registran concentraciones de guardias civiles más bajas que en Teruel. Así sucede en Algimia de Alfara, junto a la Sierra Calderona, el pueblo de Ernest Buralla, o en Gavarda, ambas en la provincia de Valencia.

María Escamilla, presidenta de COSITAL (Colegio de Secretarios, Interventores-Tesoreros y Secretarios-Interventores de administración local) en Valencia, ha sido durante doce años y hasta hace dos meses secretaria interventora en ese municipio, de unos mil habitantes.

Ella señala a EFE que “en Gavarda no hay policía, para poder tener este servicio cubierto necesitas cinco personas, y en un presupuesto de 800.000 euros al año, cinco agentes con un oficial, es inviable. El capítulo de nóminas ya supera el 50% del presupuesto, cerraríamos -detalla-. El único agente que teníamos no daba abasto y, al final, nos pidió una permuta y se fue a un pueblo más grande”, explica.

“Se está acudiendo mucho al sistema de cámaras, pero las tiene que custodiar la Guardia Civil, estamos hablando con ellos para que se encarguen de eso porque deben controlar esas cámaras para cumplir normativa de videovigilancia”, añade.

“Hemos tenido mucho apoyo de la Guardia Civil en términos de dejarse ver puntualmente, sobre todo para casos graves de, por ejemplo, violencia de género, pero al final nos dicen que en el día a día no dan abasto”, apunta Escamilla. Buralla reconoce que estudia la posibilidad de cámaras de videovigilancia, antes de apuntar que cree que “hacen un poco labor disuasoria y poco más”.

(Información elaborada por EFE)