La trama Koldo llega a Europa. La Fiscalía Europea ha anunciado este lunes por la tarde que ha abierto una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas dentro de la trama Koldo. En un comunicado, el organismo comunitario asegura que abre diligencias tras recibir “una denuncia de un particular”. Tras ello, quiso verificar los hechos y recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europa.
“Llevaremos a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados”, ha explicado la Fiscalía Europea en el escrito. Y ha agregado que, en base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento.
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Baleares está en el punto de mira por su vinculación con la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que durante la pandemia fue presidenta de esta comunidad. Su Gobierno compró mascarillas por valor de 3,7 millones de euros mientras que, en el caso de Canarias, la adquisición fue de hasta 12 millones. La que es la tercera autoridad del Estado -tras el Rey y el presidente del Gobierno- permanece en silencio después de que este lunes el PP haya registrado en la Cámara Baja una petición de dimisión por su implicación en el caso Koldo, que para este partido es “evidente”.
La Fiscalía Europa, con sede en Luxemburgo, es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Según ha explicado Efe, siempre que existe una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, ya sea en lo que respecta a los ingresos o a los gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, tienen la obligación legal de informarlo a la Fiscalía Europea sin demora.
Los ciudadanos de la UE también pueden denunciar un delito directamente a la Fiscalía Europea. En cada caso, la EPPO evalúa exhaustivamente si los hechos denunciados podrían constituir un delito bajo su jurisdicción y si la información presentada es suficiente para justificar la apertura de una investigación. Por tanto, si los delitos penales relacionados con los hechos denunciados caen dentro de la competencia de la Fiscalía Europea, ésta debe abrir y llevar a cabo una investigación sin demoras indebidas.
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Tras conocerse la noticia, el PP se ha pronunciado para atacar al PSOE, partido al que acusa de arrastrar la imagen de España con “corrupción”, pese a los numerosos casos que también han asolado a su partido (Caso Bárcenas, Tarjetas B, Gürtel...). “Los españoles no merecemos este castigo en términos de reputación europea. La asunción de responsabilidades ha de ser inmediata.La presencia de Armengol y Torres en la vida pública mancha la imagen de nuestro país”, han apuntado fuentes de la formación de Alberto Nuñez Feijóo.
Por qué Armengol está en el punto de mira
La trama de Koldo entregó al Ejecutivo de Francina Armengol un lote de mascarillas quirúrgicas que no cumplían con los estándares reflejados en el contrato adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo SL. Pese a la evidente falta de correspondencia, el Govern balear, según publicó el diario El Mundo, pagó a la trama 3,7 millones de euros siete días después de que sus técnicos comprobaran que el material no contaba con la calidad exigida.
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Antes, solo dos días después la llegada de las mascarillas en un vuelo a Mallorca, el subdirector de Compras y Logística del Ejecutivo de Armengol envió un correo electrónico interno en el que hacía constar el desconcierto entre los técnicos y señalaba que el material, adquirido en lo peor de la pandemia, había sido adquirido “para la desescalada”. Asimismo, alertaba en mayúsculas que las mascarillas no eran “para uso hospitalario”.
Pese a todo, el Govern indicó en un certificado emitido el 12 de agosto de 2020 que Soluciones de Gestión y Apoyo SL le había suministrado “de manera satisfactoria” el lote de mascarillas adquirido en mayo, según las informaciones de El Confidencial y El Mundo. Dos meses antes, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) advirtió al Govern de que el material no cumplía con los estándares exigidos. Con ese certificado el Ejecutivo de Armengol recomendó a la trama de Koldo para conseguir nuevos contratos adjudicados por la Administración.
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