El Tribunal de Cuentas descubre ausencia de facturas y sobrecostes en uno de cada tres encargos de emergencia a Tragsa

Un informe de fiscalización detecta numerosas “debilidades y deficiencias” en los expedientes de emergencia, disparados durante la pandemia, y pone en duda la frecuente subcontratación con otras empresas

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Operarios de Tragsa en unas obras para rehabilitar un antiguo hospital durante la pandemia. (EFE/ Juan Carlos Cárdenas).
Operarios de Tragsa en unas obras para rehabilitar un antiguo hospital durante la pandemia. (EFE/ Juan Carlos Cárdenas).

La empresa pública Tragsa se fundó en 1977 con el objetivo de ejecutar contratos del ámbito agrario, forestal y de conservación de la naturaleza, pero actualmente realiza trabajos de todo tipo de áreas para más de un centenar de administraciones públicas. Una de las ventajas de contratar con Tragsa es que las administraciones se ahorran los procesos de licitación al estar calificada como un “medio propio” público. Por ello, tras las tensiones derivadas de la pandemia y de la crisis de suministros e inflacionista de los últimos años, los encargos de las administraciones se han multiplicado, también los de emergencia. Estos representaron el 8% de la cifra de negocio en 2022 (68 millones de euros), aunque el mayor auge lo experimentaron en los peores años de la pandemia (83 millones en 2021 y 103 millones en 2022).

Un informe del Tribunal de Cuentas publicado este viernes fiscaliza la actividad de la empresa en 2021 y 2022 a través de una muestra de 85 expedientes y detecta numerosas “debilidades y deficiencias” en gran parte de los 13 expedientes de emergencia incluidos en la muestra. De los analizados, nueve tienen ausencia de actas de recepción; de relaciones valoradas o facturas y de formalización de los excesos y/o modificaciones. Los expedientes de emergencia con problemas ascienden a 21,1 millones de euros, casi un tercio del total, a pesar de que se han revisado menos de la mitad de contratos de este tipo.

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Tres de los expedientes con deficiencias fueron encargados por el gobierno autonómico de las Islas Baleares entre agosto de 2020 y mayo de 2021 y tienen que ver con la pandemia del Covid-19. La administración no informó en las actas de ninguno de los tres expedientes de cuál era el presupuesto para el encargo ni del importe final de los trabajos realizados. Cabe destacar que en el más caro de ellos, el destinado a instalar y dotar de puntos de vacunación en las islas, se produjo un sobrecoste de 126.156 euros respecto al importe inicialmente formalizado, según constata el Tribunal de Cuentas con las facturas. El importe total de los tres ascendió a 2,3 millones.

Además, los encargos de estos tres expedientes a Tragsa fueron a su vez subcontratados mayoritariamente con otras empresas a precio de tarifa.“Las unidades consistentes en trabajos de montaje fueron contratadas con terceros y la mayoría de las unidades restantes responden a suministros y/o alquileres también contratados con terceros”, detalla el informe, señalando que Tragsa podría haber obtenido beneficio en este proceso.

El organismo también detecta sobrecostes en un encargo que la Comunidad de Madrid hizo a Tragsa en enero de 2021 para limpiar durante tres días los accesos de centros educativos tras Filomena. El importe inicial del trabajo eran 200.000 euros, pero la facturación total ascendió a 242.398,44 euros, “sin que el exceso se haya formalizado”, lo que implica detallar el motivo del sobrecoste. “El margen obtenido por Tragsa en esta actuación ascendió a 111.480,24 euros, lo que supone un beneficio del 46%”, detalle el informe. Este también observa que “los importes de la subcontratación que figuran en la relación valorada no coinciden con las facturas de los contratistas”.

Por otra parte, el gobierno regional de Madrid encargó a Tragsa el traslado de unos edificios de San Fernando de Henares en enero de 2022 por una duración de cinco meses, pero se fue ampliando el tiempo y los importes para ejecutar los trabajos hasta llegar a los 701.591 euros. Según el Tribunal de Cuentas “no hay relaciones valoradas, ni facturas, ni actas de recepción” en el expediente.

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No obstante, el expediente de emergencia más abultado con deficiencias es uno efectuado por la Generalitat Valenciana por 15,7 millones para reparar regadíos en Alicante por lluvias intensas en 2019. El encargo se prorrogó y amplió hasta diciembre de 2021, por lo que el organismo considera que las ampliaciones “no están justificadas en una necesidad de actuar de manera inmediata”. En el expediente no coinciden las certificaciones con las facturas y, derivado de la prórroga constante, el 72% del personal que trabajó en las obras fue temporal, algo que critica el informe.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también encargó la limpieza de accesos a centros educativos tras Filomena y tras una Dana en septiembre de 2019. En el primero no consta en el expediente el encargo como tal a Tragsa, además, el encargo inicial fue por un millón euros, pero la producción según la cuenta de gestión asciende a 1,3 millones. En cuanto al segundo encargo, “está incompleto, no hay autorización del importe y solo hay un acta de recepción de un colegio”. Costó 495.337 euros. Por último, hubo un encargo en Melilla con un sobrecoste de 134.141 euros para arreglar un paseo marítimo afectado por un temporal “sin que haya constancia de que se haya modificado el encargo por el exceso facturado”.

La subcontratación facilita adjudicar trabajos a dedo a empresas

A tenor de la variedad de trabajos que realiza Tragsa sin relación con sus objetivos originales, el organismo presidido por Enriqueta Chicano considera que “no resulta ponderado” el crecimiento de actuaciones de la empresa en los diferentes ámbitos de actividad, “teniendo en cuenta que se requiere la especialización en todos ellos”. En esta línea, critica el aumento de la subcontratación, la cual no tiene límites legales en los contratos de emergencia: “La posibilidad de contratar con terceros la mayor parte del encargo o que una elevada cantidad de suministros sea proporcionada externamente pone en entredicho la justificación del encargo”, señala.

El documento también constata que en la subcontratación hay “ausencia de trazabilidad en la ejecución” que impide verificar que el importe certificado por Tragsa se corresponde con lo facturado por el contratista, especialmente en los casos en los que un mismo contrato se aplica a distintos encargos. De hecho, el Tribunal de Cuentas detecta la formalización de varios contratos con el mismo objeto y proveedor que, en el caso de ciertos contratos menores, han supuesto un fraccionamiento. Trocear los contratos permite adjudicar un servicio a dedo, sin concurso y casi sin publicidad ni controles.

Un ejemplo detectado por el Tribunal de Cuentas es el encargo de la Diputación de Lugo a Tragsa para la limpieza de la institución, que esta subcontrató a su vez con un proveedor al que hizo varios contratos menores que en conjunto superan el umbral permitido por ley de 15.000 euros.

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