Largas jornadas laborales a altas temperaturas sin comer ni beber. Así trabajaban los jornaleros contratados por dos clanes familiares desarticulados en la provincia de Sevilla por explotación laboral y trata de seres humanos. Las víctimas tenían que buscar en la basura para alimentarse y sufrían desmayos. Una de ellas, menor de edad, estaba embarazada y sufrió un aborto como consecuencia de la explotación.
La Policía Nacional, según ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa, ha liberado a 21 víctimas y ha detenido a 15 miembros de dos clanes familiares acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de identidad y falsedad documental.
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Un alto tren de vida
Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de varias víctimas de trata de seres humanos en la localidad sevillana de Brenes a las que explotaban para el trabajo agrícola. Las investigaciones de los policías permitieron poner al descubierto una organización criminal integrada por dos grupos familiares que llevaban un alto tren de vida.
Según las averiguaciones, falsificaban la identificación de las personas que realmente se encontraban trabajando, para lo que modificaban documentos auténticos de nacionalidad rumana o moldava. Les cambiaban la fotografía y, en su lugar, figuraba la de los trabajadores. De esta forma, no correspondía la filiación con la imagen, lo que les permitía prolongar su actividad delictiva.
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Los integrantes de la organización criminal captaban en sus países de origen a las víctimas, de nacionalidad moldava y rumana, a través de anuncios y de redes sociales donde ofertaban trabajo en España. Publicitaban condiciones laborales y salarios ficticios, muy alejados de la realidad, ya que luego se iban a ver en una situación de extrema necesidad por la explotación. Las trasladaban en autobús hasta Sevilla y dado que les pagaban el billete del viaje, las víctimas contraían una deuda que forzaba aún más su condición de vulnerabilidad.
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Una vez en Sevilla, los investigados las llevaban hasta las localidades de Brenes y Cantillana, donde las alojaban en viviendas ocupadas bajo condiciones infrahumanas: las estancias tenían en su interior cables sueltos y pelados, sin la vaina de protección, lo que suponía un grave peligro de que las víctimas se electrocutaran. Además, los colchones estaban sucios, apilados encima de cajas de recolección y había gran cantidad de moho y suciedad en las paredes y en el baño. Los implicados las controlaban en este lugar, por lo que no podían abandonar libremente las viviendas.
Una de las víctimas se precipitó por una ventana
Al finalizar una de las eternas jornadas laborales, una víctima se desmayó en un supermercado y los miembros de la organización la arrastraron por el suelo para sacarla de allí bajo amenazas. Además, otra víctima, fruto de la desesperación, se precipitó por la ventana del la estancia donde la recluían para intentar huir, lo que le ocasionó lesiones graves.
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