Hay dos caminos dentro de la política. Uno puede acogerse a lo que atañe al enfrentamiento mediático o puede fijarse en las cosas que acontecen fuera de él. Mientras esta semana la ley de amnistía se votaba y se rechazaba en un debate que ocupaba todas las portadas y opiniones de la clase política, un problema que no está ni entre las 20 prioridades de la ciudadanía española, a las 48 horas se anunciaba la declaración de emergencia por sequía en Cataluña, con un impacto mucho más comedido pero con consecuencias mucho más alarmantes.
Los primeros anuncios llegaron durante el mes de agosto en Girona y 25.000 personas vieron cómo se restringía el uso del agua en sus comarcas, pero en poco más de seis meses el número de afectados ha crecido hasta seis millones de personas. La escasez de agua y lluvias en las zonas bañadas por las cuencas internas de Cataluña, por debajo del 15% de su capacidad total, impiden el flujo normal de reservas hídricas y el 80% de la población, con la ciudad de Barcelona incluida en estas restricciones, tendrá limitado el uso del agua a 200 litros por persona, límite que podrá estrecharse más si el nivel de las reservas no deja de empeorar.
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El Gobierno de la Generalitat de Pere Aragonès quiso dar visos de prioridad ante esta crisis, inédita en la historia de Cataluña y fruto de las drásticas consecuencias que impone el cambio climático en la península ibérica. El total de los embalses de la provincia de Barcelona acumulan menos del 10% del agua total que son capaces de almacenar y Girona solo llega hasta el 19,09%. “La crisis climática nos está poniendo a prueba”, afirmaba el president en rueda de prensa. Concretamente, pasan a situación de emergencia 202 municipios del sistema Ter-Llobregat, 22 del acuífero del Fluvià Muga, 12 del embalse de Darnius Boadella, 2 de Riudecanyes y Vallirana, de la unidad de explotación Anoia-Gaià.
Por el momento, el “agua de boca”, como se denominan las reservas que van a parar a las casas, no se verá afectada, pero hay municipios con un gasto muy superior a los 200 litros por persona. Los recortes en agricultura, ganadería, lavado de coches, uso en recintos públicos y planes municipales será de donde salga el porcentaje de reducción.
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Didac Navarro, parte de la organización Agua es Vida, recuerda que el ecologismo catalán lleva años con un discurso de soluciones y emergencia mucho más adelantado que los movimientos del Govern: “Desde finales de 2022 decíamos que la sequía iba a peor y no había acción de gobierno a la altura de lo que se requería. Ya entonces los niveles de emergencia eran parecidos a la sequía de 2008. Desde el Gobierno han confiado a que cayera una lluvia milagrosa que nos salvara y jugaron todo a esa carta”, explica el también miembro de Ecologistas en Acción de Cataluña.
Cuánta agua gasta un turista en Cataluña
El propio Pere Aragonès celebraba en rueda de prensa que las restricciones tomadas podrían haber llegado 15 meses antes, pero que su política lo ha impedido. A ojos del activismo, se han evitado, pero no por una buena gestión, sino para evitar el frenazo en beneficios de algunos sectores: “No solo una cuestión de deriva del tema climático, que hay una clara relación, sino también una falta de buena gestión del agua. En Cataluña hemos estado gastando agua para todo tipo de actividades como industria del regadío, para la exportación o la producción de piensos, actividades industriales o una industria turística, un lobby muy potente, que es un gran consumidor de agua. Un turista, de media en Barcelona, consume más agua que un habitante de la ciudad. Pero el turista de lujo consume cinco veces más”, explica Navarro.
Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, también ha echado en falta una acción más temprana del gobierno, no cuando las cuencas internas tienen niveles tan bajos de reservas hídricas. “Se tenía que haber actuado muchos años antes. En las sequías anteriores ya se dio la necesidad de intervenir, no con trasvases, pero sí para tomarse en serio la reducción de los consumos. Ahora hay una emergencia y la limitación es de 200 litros por persona y día, una barbaridad, porque cualquier consumo por encima de 100 litros ya es excesivo. Y hasta ahora había lugares con hasta 600 litros al día por persona, era un desastre inadmisible, aunque no hubiera sequía”, sostiene a Infobae.
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Desde WWF España recuerdan momentos clave para la acción contra la sequía, pero se emprendieron otros proyectos: “Hubo un momento, en el año 2018, en el que no se tomaron las decisiones adecuadas y se priorizaron otra serie de inversiones. Fue una decisión política en su momento. Si se hubieran hecho las inversiones en desalación habría mayor garantía de consumo y guardar más agua en embalses”, dice Rafael Seiz, director del Programa del Agua en la organización. Una desaladora tarda en estar operativa, desde que se aprueba su construcción, al menos cinco años.
En los últimos años, la apertura de desaladoras ha logrado que Cataluña, que del total del agua ingerida el 15% era mediante el proceso de desalinización, ahora alcance el 55%. La estrategia es útil para el largo plazo, pero el activismo denuncia que no se ha puesto el foco hasta ahora en el verdadero objetivo: reducir el consumo de agua. “Nos hemos centrado en proyectar más desaladoras y hemos apostado a producir agua, en lugar de acatar el problema, que es el elevado consumo”, arguye Didac Navarro.