
Las estadísticas no engañan. La Comunidad de Madrid ha entregado 321 viviendas protegidas desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder a mediados de 2019, según los datos públicos de la Agencia de Vivienda Social (AVS), la empresa pública que se encarga de la promoción de pisos protegidos. En 2019 se entregaron 63 inmuebles en una sola promoción, cifra que subió a 137 en dos promociones en 2021 (en 2020 no se entregó ninguna), bajó a solo cuatro casas en 2022 y volvió a incrementarse en 117 pisos en 2023. En total, los 321. La población de la región es de 6,9 millones de habitantes.
El dato, para una autonomía como la madrileña, motor económico del país, es bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que en junio de 2020, cuando Ayuso solo llevaba un año gobernando, firmó el Pacto Regional por la Vivienda comprometiéndose, entre otras cuestiones, a incrementar el patrimonio de la AVS en 1.500 nuevas viviendas sociales durante esa legislatura. No se cumplieron las expectativas. En junio de 2023, durante la primera jornada del debate de investidura previo a la reelección oficial de la líder del PP como presidenta madrileña, Ayuso prometió otros 1.700 pisos protegidos para familias con dificultades económicas en este nuevo mandato.
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La verdad es que Ejecutivo madrileño presume de que la AVS es el “organismo público que más vivienda social posee en España”, según una respuesta parlamentaria que ofreció al diputado de Más Madrid Jorge Moruno. “Tras recibir esa respuesta, le volví a preguntar a la Comunidad que cuál era su fuente para sustentar tal afirmación. Tres meses después me dijeron lo contrario y me contestaron que nunca habían dicho eso. Y las dos respuestas que se contradicen están por escrito. Totalmente surrealista”, explica Moruno.
Vamos a los datos. En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como Agencia de Vivienda Social (AVS), tenía un patrimonio inmobiliario de 17.788 casas en propiedad y 6.399 en derecho de superficie: un total de 24.187. Los últimos datos (a 31 de diciembre de 2023) revelan que ese mismo patrimonio es de 23.156 viviendas en propiedad y 1.764 en derecho en superficie: 24.920 en total. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 733 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 17 años la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 40,7 viviendas públicas al año.

“Pero no nos engañemos”, señala Moruno. “Si la justicia no le hubiera obligado a recuperar las 1.721 viviendas vendidas irregularmente a un fondo buitre, hoy Madrid tendría menos vivienda pública que hace 19 años”. ¿Cómo es posible? Si se han recuperado estas 1.721 viviendas y se han construido y entregado otras 321. Porque los propietarios de vivienda protegida, pasados unos años, pueden descalificarlas, convertirlas en libre y venderlas. Desde 2019, según datos facilitados por el propio Gobierno regional, se han descalificado en Madrid 6.994 inmuebles protegidos, ya fueran construidos por la iniciativa privada o por Administraciones. “Para hacernos una idea de la magnitud del despropósito: País Vasco, con una población de 2.224.072 personas, tiene 26.000 viviendas públicas. Madrid, con una población de 6.917.111 personas, tiene 24.920 viviendas públicas”, concluye Moruno.
Colaboración público-privada
La Comunidad de Madrid lo está apostando todo a la colaboración público privada de su plan VIVE, el proyecto estrella de Ayuso. Según este plan, la Administración cede suelo a una empresa para que construya pisos y los explote en concesión durante 50 años en régimen de alquiler para jóvenes y familias de rentas bajas a un precio, según afirma la Comunidad, un 40% más barato que en el mercado. En mayo de 2019, cuando Ayuso era candidata, aseguró que el plan VIVE pondría en el mercado 25.000 viviendas, cifra que rebajó meses después a 15.000. Los últimos datos ofrecidos en la Asamblea es que esta legislatura, bajo el paraguas del plan VIVE, se construirán 6.537 pisos en 13 municipios.
El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, visitó el jueves pasado la finalización de 274 de estos pisos en Alcorcón, viviendas por las que los futuros inquilinos pagarán alquileres que oscilarán entre los 429 y los 765 euros. “Esta situación no es solo fruto de la incompetencia. Que la derecha haya colocado a Madrid a la cola de Europa en vivienda pública es el resultado de su sectarismo ideológico. El PP lleva décadas apostando por deshacerse del patrimonio público de los madrileños. Madrid tiene que jugar en la liga de los mejores modelos de vivienda del mundo, donde la gente puede elegir cómo vivir. Un Madrid que pase del ‘vive como puedas’ al ’vive como quieras’. Para eso hace falta mucha vivienda pública, mucha vivienda asequible y menos vivienda de mercado”, sentencia el diputado Moruno.
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