Qué es un decreto ley y por qué el Congreso de los Diputados debe ratificar esta norma aprobada por el Gobierno

El miércoles se someten a votación los decretos-leyes que el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de 2023. Los textos pretenden atajar las consecuencias del alza de precios y diferentes derivadas a raíz de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Al mismo tiempo, se pretenden aprobar las modificaciones legales necesarias para que la Unión Europea desbloquee un nuevo paquete de los Fondos Next Generation EU.

Pero, ¿qué es un decreto-ley?, ¿por qué el Congreso de los Diputados debe ratificar este tipo de normas? Los decretos-leyes son normas aprobadas por el Consejo de Ministros que tiene rango de ley y entran en vigor según se establezca en el texto. No obstante, normalmente, entra en vigor una vez se publica en el Boletín Oficial del Estado.

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Según recoge el artículo 86 de la Constitución, se puede recurrir a un real decreto ley “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”.

La Carta Magna, aunque no establece que asuntos son de “extraordinaria y urgente necesidad”, sí determina que materias no pueden ser legisladas por esta figura.

La regulación detallada de las estructuras fundamentales del Estado, aquellas que constituyen su armazón y definen su forma de gobierno, organización y funcionamiento, requiere de una normativa específica y bien fundamentada que no puede estar sujeta a cambios súbitos o procedimientos acelerados de urgencia.

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Están vetados automáticamente todos los decretos leyes que pretendan legislar acerca de derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, los cuales se encuentran recogidos en la Constitución. Son pilar de la convivencia democrática, ya que necesitan de un marco legal estable y coherente, dado que constituyen el eje sobre el que gira la relación entre el individuo y el Estado.

Asimismo, cualquier modificación en el marco legal que rige el funcionamiento de las comunidades autónomas, entidades que gozan de autogobierno dentro del Estado y que tienen sus propias competencias y organización institucional, debe ser realizada con sumo cuidado para respetar el equilibrio y autonomía de estas regiones. Por esta razón, el constituyente considera prohibida la posibilidad de tocar cualquiera de estos asuntos por medio de decreto.

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Finalmente, la legislación que determina los principios y normativas del sistema electoral general, es decir, el conjunto de disposiciones que rigen los procesos electorales y garantizan la representatividad, la transparencia y la equidad en la elección de cargos públicos, tampoco puede estar sujeta a reformas de urgencia sin un amplio apoyo parlamentario. Por lo que también se encuentra vetado para su modificación por decreto.

Es importante detallar que los decretos leyes son normativas provisionales, puesto que, en España, el poder legislativo se reside en el Congreso de los Diputados, por lo que, en un plazo de 30 días, deben obtener el respaldo de la Cámara, es decir, de la soberanía nacional.

El proceso de aprobación de un decreto ley se inicia con su aprobación por parte del Gobierno en el Consejo de Ministros y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez publicado, comienza la intervención del Congreso de los Diputados, que dispone de un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de promulgación para pronunciarse sobre la convalidación del decreto. Esta se considera aprobada si obtiene más votos afirmativos que negativos, es decir, mayoría simple.

Existen dos posibles escenarios para la convalidación de un real decreto ley. Por un lado, está la convalidación sin modificaciones, en la cual el texto original del decreto ley es ratificado tal cual fue publicado. Por otro lado, se encuentra la opción que permite a los grupos parlamentarios proponer enmiendas a través de la tramitación del decreto como proyecto de ley, si así lo sugiere alguna de las formaciones políticas y se aprueba dicha propuesta. Este último trámite se realiza bajo un “procedimiento de urgencia”, lo que implica la reducción de los tiempos legislativos habituales. Cabe señalar que, mientras se lleva a cabo este proceso, la normativa sigue en vigor.