El precio del alquiler cerró 2023 con un incremento interanual del 10%, motivado principalmente por el fuerte desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda. En Madrid, por ejemplo, el metro cuadrado alcanzó el pasado mes de octubre los 16,76 euros de media, solo por detrás de Baleares, con 16,97 euros por metro cuadrado. Las rentas en el resto del mapa se situaron en torno a los 11,23 euros por metro cuadrado, según datos de Fotocasa. El Gobierno, para evitar los “aumentos descontrolados”, puso en marcha un tope de subida del 2% interanual durante los dos últimos años. El porcentaje, no obstante, cambia en 2024.
La actualización anual de la renta queda limitada este año en el 3%. Con esta fórmula, un inquilino que pague 1.000 euros al mes por el alquiler de su vivienda, no podrá recibir un incremento por parte de su casero de más de 30 euros mensuales. La idea para los próximos ejercicios es crear un nuevo índice más estable que quede por debajo de la evolución de los precios, de modo que limite los aumentos de la renta interanual. Este índice quedará en manos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Las medidas para contener el precio de los alquileres se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que lleva en vigor desde marzo de 2022. Los dos últimos años, las actualizaciones quedaron limitadas en torno al 2%. En 2024, los propietarios tendrán que negociar con sus inquilinos la correspondiente renovación contractual. En caso de no llegar a ningún acuerdo, los caseros no podrán imponer un incremento superior al 3% de la renta. En este contexto, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha detectado la proliferación de nuevas fórmulas para esquivar los límites establecidos. Los arrendadores intentan camuflar sus inmuebles con contratos de temporada, oficina, uso turístico o industrial, cuando lo que realmente tenemos delante es un arrendamiento habitual de vivienda. Esto es ilegal y puede acarrear sanciones.
¿Qué pasa con los alquileres que terminan en 2024?
Este año, la actualización anual de la renta se limita en torno al 3%, pero el principal problema lo tienen las familias y los jóvenes que finalizan su contrato. La duración legal mínima del contrato de alquiler depende de la fecha en la que se firmó. En 2019, entró en vigor una norma que establece que los inquilinos tienen derecho a un contrato mínimo de cinco años —siete si el arrendador es una persona jurídica—. En este sentido, si la relación llega a su término en 2024, los caseros pueden obligar a los inquilinos a abandonar el inmueble alquilado, eso sí, con un preaviso de cuatro meses.
Los inquilinos no pueden exigir ningún tipo de prórroga, pero sí que pueden negociar con el propietario para tratar de seguir en la vivienda con otro contrato y unas condiciones similares. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda utilizar como puntos a favor el histórico como buen inquilino, los pagos en fecha y el buen estado del inmueble. La clave está en negociar una renta que sea algo más elevada que la anterior pero quede por debajo de los precios del mercado actual. Las familias que simplemente tengan que actualizar su contrato en 2024, deben saber que la renta puede experimentar una subida de hasta el 3%, aunque tienen la posibilidad de negociar con los propietarios un porcentaje inferior.