Los estudiantes en prácticas empezarán a cotizar este lunes pese a la reticencia de las universidades. La medida pretende beneficiar a más de 400.000 alumnos y es de obligado cumplimiento para las empresas. La cotización de los becarios, independientemente de que las prácticas sean o no remuneradas, se acordó en el Real Decreto-ley 2/2023, del pasado 16 de marzo, y surge al margen del Estatuto del Becario, paralizado desde hace meses. La reforma de las pensiones que diseñó el exministro José Luis Escrivá ya tuvo en cuenta esta novedad.
Todos los alumnos, tanto los universitarios como los de Formación Profesional, cotizarán a la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2024. El actual marco legislativo solo exigía dar de alta a los jóvenes que llevaban a cabo prácticas remuneradas. La nueva norma llega como una “extensión de derechos” para beneficiar a miles de estudiantes, que podrán “comenzar una carrera de cotización” que les permitirá generar derechos a largo plazo, según detalla el organismo que dirige Elma Saiz. La entrada en vigor de la cotización de los becarios supondrá el reconocimiento de este tiempo a efectos de calcular la futura pensión.
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La medida estaba programada para hace tres meses, pero fue aplazada para que las instituciones y las empresas pudieran adaptarse. El último tramo de la reforma de las pensiones —que tuvo el visto bueno de la Comisión Europea y los sindicatos— recogía la cotización de los estudiantes en prácticas no laborales, aunque el coste de esta medida estará bonificado al 95%. En el caso de los estudiantes de Formación Profesional, el 5% restante lo asumirá el Ministerio de Educación. Las universidades, no obstante, han chocado con el rechazo de algunas empresas e instituciones, que no están dispuestas a asumir el porcentaje que les corresponde. La realización de prácticas curriculares será compatible con el cobro de la prestación por desempleo.
La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado tras su primer encuentro con la patronal y los sindicatos que no habrá más prórrogas y, por tanto, la cotización de los becarios entrará en vigor este 1 de enero. La medida estaba programada para el pasado 1 de octubre, pero el Gobierno prorrogó su entrada en vigor mediante un decreto ley en aras de que las empresas e instituciones afectadas dispusieran de más tiempo para adaptarse a la nueva situación.
Con la prórroga también se amplió la retroactividad de la medida, que contempla beneficios para los antiguos alumnos. De este modo, cualquier persona que haya hecho prácticas no laborales entre 2019 y 2023 podrá incorporar ese período de tiempo a su cotización, aunque deberá solicitarlo expresamente a la Seguridad Social. La nueva norma recoge la opción de suscribir un convenio especial para contabilizar los períodos de formación académica realizados antes de la entrada en vigor de esta norma, hasta un máximo de cinco años.
La base mensual de cotización aplicable será el resultado de multiplicar la base mínima del grupo 8 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social —en 2023, 38,89 euros al mes— por el número de días de prácticas formativas realizado. Cada día de prácticas formativas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados, sin que pueda sobrepasarse el número de días del mes correspondiente. La cotización de los becarios contará con una amplia bonificación en las cuotas de la Seguridad Social que alcanzará el 95% y será íntegra en el caso de los estudiantes de Formación Profesional.
Las empresas advierten de un “problema logístico”
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha rechazado desde un principio este cambio en la situación de los becarios. El pasado mes de junio, la presidenta de la plataforma, Eva Alcón, se pronunciaba en estos términos sobre la cotización de los alumnos: “No tiene ningún sentido que por las prácticas curriculares, que forman parte de la formación académica, los estudiantes coticen a la Seguridad Social”. Los agentes sociales, en cambio, no comparten esta visión y los sindicatos han reivindicado que la medida se pusiera en marcha cuanto antes. La patronal tampoco se ha opuesto porque la nueva norma no supone un coste excesivo para las empresas.
En un comunicado reciente, CCOO exigía el cumplimiento completo de los acuerdos que reconocen la cotización de los jóvenes que realizan o han realizado prácticas universitarias, de formación profesional o investigación. El sindicato advierte de una “posición obstruccionista” de las autoridades académicas y las acusa de colocarse en una posición de “clara ilegalidad alejada del modelo de excelencia educativa que dicen defender”. Las empresas tampoco se oponen a la medida por el bajo coste que les supone —las cotizaciones están bonificadas al 95%—. Algunas compañías, sin embargo, tienen “miedo” de no ser capaces de gestionar la nueva situación. “No es por dinero”, remarcan fuentes del sector, sino por “un problema logístico” que puede surgir si las universidades renuncian a aplicar el nuevo modelo.
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