Sánchez pide “a todas las fuerzas parlamentarias” un pacto para reformar la Constitución y eliminar el término “disminuidos”

Este domingo, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento “a todas las fuerzas parlamentarias” para reformar el artículo 49 de la Constitución con el objeto de suprimir el término “disminuidos” como reclaman las personas con discapacidad. A través de X, antes Twitter, Sánchez ha instado a “desterrar la discriminación de nuestra Carta Magna es impulsar una España mejor y más justa”.

El pasado martes, el Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, hizo una declaración institucional en la que se comprometía a reformar este Artículo y cambiar ese concepto por el de “personas con discapacidad”, menos ofensivo para los interpelados por la Carta Magna.

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Desde el ministerio aún no se ha fijado ninguna fecha para este cambio, pero fuentes internas consultadas por Infobae España aseguran que el proceso llevará “mínimo un año y medio” dado que “si es una propuesta de Gobierno, necesita informe del Consejo de Estado más la tramitación parlamentaria”.

El artículo 49 de la Constitución Española de 1978 recoge que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Unas líneas que ofenden a aquellos que amparan por utilizar un término inadecuado e hiriente.

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El presidente de el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha explicado la necesidad de actualizar el término. “No nos sentimos disminuidas, somos igual de valiosos, igual de completos que el resto”, ha señalado en una entrevista con Europa Press.

En 2003, durante el año europeo de las personas con discapacidad, el CERMI pidió un cambio en el artículo de la Constitución que contiene el término “disminuido” para referirse a las personas con discapacidad, pues “se siente como ofensivo, como hiriente”.

20 años después de las demandas del CERMI, en mayo de este año, los grupos mayoritarios del Parlamento se hicieron eco de esta demanda y el Gobierno mandó al Congreso un proyecto de reforma constitucional que salió adelante. El PSOE y el PP alcanzaron un acuerdo y pactaron un texto, sin embargo, no se aprobó. “Se iba a tramitar y a aprobar en mayo y en junio y julio se hubiera finiquitado todo el proceso en el Congreso y en el Senado, pero debido al adelanto electoral, esos planes se vinieron abajo”, explica Cayo, que espera que “después de este periodo tan largo de dos investiduras y un nuevo Gobierno” se retome “con intensidad, con celeridad y que pueda estar aprobado a la vuelta de unos meses”.